La Audiencia de Las Palmas ha condenado a cinco años de cárcel al interventor y al jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) por compincharse con un empresario de la ciudad para que este pudiera cobrar del Consistorio casi 252.000 euros por trabajos inexistentes.

La sentencia considera probado que los dos funcionarios, Carlos Francisco Saenz y Juan Rafael Arrocha, y el entonces concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez (Partido de Independientes de Lanzarote, PIL), "se concertaron" para que el empresario José Daniel Hernández pudiera cobrar del Consistorio catorce facturas que no correspondían a ningún trabajo realizado para la ciudad.

El principal beneficiario de esa trama, que forma parte del "caso Unión", el macrosumario abierto contra la corrupción en las administraciones públicas de Lanzarote, es el empresario Daniel José Daniel Hernández, que también ha sido condenado a cinco años de cárcel por malversación.

En cambio, al exconcejal Rodríguez el tribunal le concede el beneficio de haber colaborado con la Justicia para esclarecer el caso y le impone un año y cuatro meses de prisión.

Los hechos enjuiciados en este procedimiento ocurrieron en 2008 y 2009, cuando el procesado Daniel Hernández y su empresa Proselan presentaron al Ayuntamiento de Arrecife numerosas facturas para cobrar trabajos en el carnaval y las fiestas de los barrios.

El tribunal considera probado, como sostenía la Fiscalía con la confesión del exconcejal de Hacienda, que esas facturas fueron presentadas por el empresario y avaladas por el interventor y el jefe de la oficina técnica a sabiendas de que no correspondían a servicio alguno prestado para el ayuntamiento de la ciudad.

La sentencia resalta, además, que todas esas facturas se presentaron por cantidades fraccionadas, que permitieran tramitarlas como contrato menor, "impidiéndose de esa manera la correcta fiscalización de los pagos indebidamente efectuados".

La empresa de Daniel Hernández trató de cobrar por ese procedimiento 349.159 euros, aunque solo consiguió 251.293, porque cuatro de las catorce facturas le fueron rechazadas después de que la Concejalía de Festejos detectara irregularidades en ellas.

Durante el juicio, el exconcejal de Hacienda de la ciudad reconoció que sospechaba que esas facturas escondían trabajos que no se habían realizado, pero que firmó las órdenes de pago "porque el interventor le había ayudado en otras ocasiones a llevarse dinero".

La Audiencia subraya que, en este caso, "la actuación del interventor está plagada de tantas ilegalidades, que aun cuando las obras se hubieran ejecutado y, por lo tanto, no se hubieran cometido delitos de falsedad y malversación", seguiría siendo autor de prevaricación, lo mismo que el entonces concejal de Hacienda.

Sin embargo, considera "palmario" que los pagos realizados a la empresa de Hernández con fondos públicos no respondían a interés público alguno y que existen pruebas de que las facturas no se correspondieran en realidad con ningún trabajo para la ciudad.

"Así entendemos que el acusado José Daniel Hernández Arráez buscó una fuente de financiación en el Ayuntamiento de Arrecife. Sin embargo, esta no se tramitó por las vías legales, antes al contrario, porque se obviaron de todo punto cualesquiera trámites administrativos para el cobro indebido de dinero púbico", señala el magistrado Carlos Vielba, ponente de la sentencia.

Para el tribunal, todos estos hechos constituyen un delito continuado de malversación, en concurso con otro de prevaricación y un tercero de falsificación de documento mercantil.