Antonio Morales ha lanzado, desde la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, una inteligente y poderosa campaña insularista. El día de su toma de posesión ya advirtió "urbi et orbi" que nadie se fuera a pensar que podría gobernar Canarias sin contar con su isla. Como si algún perverso chicharrero -por ejemplo de La Laguna- tuviera la intención de borrarla con una goma del mapa de los presupuestos. Después de eso, todo ha sido un constante rifirrafe con el Gobierno regional e incluso con el resto de los cabildos insulares. Hacerse notar es una buena manera de reclamar dinero y Morales ha seguido fielmente la primera ley de la lactancia que establece que suele ser quien más llora el que más mama (excepción hecha del apacible hijo de Carolina Bescansa).

El problema es que hay otras islas que empiezan a estar hasta los mismísimos del viejo y crónico enfrentamiento insularista. Y es que al final, el pleito bipolar canario termina diseminando recursos pero solo entre los dos antagonistas. Son los dos que más gritan los que terminan repartiéndose el pescado. No hay más que mirar el gigantesco descosido de la nueva administración autonómica que se desparramó entre las dos poderosas capitales canarias replicando estructuras en un lado y en el otro, en una emulación que convierte a cada una de las dos urbes en un espejo donde se tiende a reflejar una imagen lo más parecida posible de la otra.

Con el motor de la rivalidad por dotarse de poderes, instituciones y organismos, las burguesías y los políticos de ambos lados del charco protagonizaron las mejores y las peores páginas de nuestra historia. El resultado de todo ello es que en torno a Las Palmas y a Santa Cruz se fue tejiendo una importante red urbana atraída por las infraestructuras y los servicios portuarios, administrativos y comerciales de ambas capitales. Las dos grandes áreas metropolitanas concentran más de la mitad de la población de todas las islas.

La única sombra que han tenido las dos cocapitales ha sido la del crecimiento turístico que se ha desarrollado en el Sur de las dos grandes islas y en Lanzarote y Fuerteventura. Pero quien maneja los resortes del poder controla también la recolección de los beneficios. A todas estas, a las islas menores y muchos pueblos del interior se les han ido hinchando las meninges como pasa casi siempre que los que están peor pueden observar cómo viven los que están mejor.

En esta legislatura no sólo vamos a ver cómo se discute la reforma del modelo de Estado en España, sino que vamos a asistir a la pugna por redefinir el modelo de poder político en Canarias. Gran Canaria quiere tomar por asalto el cielo de los presupuestos y esta vez, curiosamente, no va a tener enfrente a su vieja competidora, sino a las islas más pequeñas, menos pobladas y más hartas de esa vieja guerra de protagonismo.