Antonio Ramón Plasencia San tos, José Enrique Morales Rodríguez y Pedro Sicilia Delgado son los tres empresarios que ayer firmaron en la Fiscalía el protocolo de conformidad por el que reconocen ser autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, concurriendo circunstancias atenuantes. Consecuentemente, los tres evitan la prisión toda vez que cada uno de los acusados admite ser condenado a la pena de 15 meses de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante ese periodo, multa de nueve meses e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la actividad extractiva durante año y medio.

Asimismo, los tres empresarios asumen el coste "de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en cada una de las áreas donde los acusados ejercieron la actividad", siendo sus respectivas empresas -Áridos del Sur, por la cantera Badajoz y del empresario Antonio Plasencia; Hermanos Morales Martín, por la cantera Badén II y correspondiente al empresario José Enrique Morales; y Extracción de Áridos Canarias, por la cantera Extracsa, de Pedro Sicilia- las responsables subsidiarias.

Según el documento suscrito ayer, además, por el fiscal y por los abogados de la acusación, corresponderá a las administraciones competentes la elaboración del oportuno plan de restauración.

El jueves tendrá lugar la segunda sesión del juicio iniciado el viernes, 15, en la sala 12 del Palacio de Justicia por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. En la misma se procederá a elevar a sentencia este acuerdo de conformidad suscrito entre la Fiscalía y los referidos empresarios.

Francisco Javier del Rosario Fuentes es el único de los cuatro empresarios acusados de un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales que no se sumó a esta propuesta. En la sesión inaugural, su representante ya explicó que considera que no debe tener la condición de acusado porque comenzó a tener cargo ejecutivo en la empresa con posterioridad a la fecha en que se produjeron los hechos denunciados. Sin embargo, la acusación le sitúa como titular de canteras objeto de la denuncia.

Por tanto, el juicio contra Francisco del Rosario tendrá que continuar enfrentándose a la petición de cinco años de prisión. Se da la circunstancia de que la cantera El Fregenal es la única que cuenta actualmente con calificación y aparece incluida en el proyecto para la regeneración de los barrancos de Güímar.

Desde los años 70

La extracción de áridos del barranco de Badajoz comenzó al inicio de la década de los 70 del siglo pasado, concluyendo la actividad global en 2008 con el precinto de la cantera El Fregenal, siendo alcalde de Güímar Rafael Yanes. "Aunque en un comienzo el material se sacaba en pequeñas cantidades, debido a la falta de control, pronto el asunto se salió de madre y empezó a causar toda clase de problemas a los pequeños propietarios agrícolas, y a la comunidad güimarea en general", escribe Maribel Dorta Díaz, vicepresidenta de la Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar Saturnino García.

Noviembre de 1999

Durante los primeros días de ese mes, muchos vecinos se organizaron e impidieron la entrada y salida de camiones de las canteras, contando con el respaldo del gobierno local de entonces, liderado por Rigoberto González. El 11 de ese noviembre, ya en torno a la una de la madrugada del 12, el Cabildo acogió la firma de un acuerdo entre todas las partes que apaciguó los ánimos, desbloqueó la situación y aportó unos 100 millones de pesetas para construir una carretera destinada al transporte de los áridos hasta la zona de Puzol. Fue la última gran acción de protesta.

Sin cobertura legal

El documento suscrito ayer constata que desde la década de los años 90 hasta, al menos, el año 2005, "los acusados venían desarrollando la actividad de extracción y tratamiento de áridos (...) operando casi de manera simultánea y continua, sin cobertura legal por no contar con la totalidad de los títulos que legitimasen estas actuaciones".

209 millones más

El acuerdo de ayer no cierra el enjuiciamiento, por la vía civil, contra los acusados y formulado por el Ayuntamiento de Güímar, que reclama el pago de 209 millones de euros. Los

magistrados Joaquín Luis Astor

Landete, presidente de la Sala; Fernando Paredes Sánchez, ponente, y Jaime Requena Juliani serán quienes continúen juzgando la causa con un acusado.