El primer denunciante del ''caso Arona'' y exportavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco García Santamaría, ha dicho este lunes que "había una trama que actuaba en contra de los intereses del municipio".
Santamaría, que ha declarado como testigo ante la sección sexta de la Audiencia Provincial en el caso donde se investiga la concesión de más 200 licencias urbanísticas irregulares y 75 contratos, ha señalado que a partir de 2003, cuando llega a la portavocía de su grupo, empezó a tener "sospechas" de que las cosas "no se hacían bien" y no se gestionaba "de manera ordenada".
En un interrogatorio que se ha prolongado durante más de una hora y en el que llegó a quebrarse por las lágrimas, ha criticado las condiciones "precarias y penosas" con las que debió ejercer su papel como oposición política a la hora de obtener los expedientes urbanísticos, y ha insistido en que el equipo de gobierno generaba un "daño económico" al municipio.
Ha tildado de "injustificable" que algunas actas de Urbanismo tardaran hasta un año en aprobarse --hubo algunas de 2008 que se aprobaron en 2012, dijo-- lo que a su juicio, reflejaba una forma de gobernar "contraria a la ley".
Según Santamaría, se generó un "daño patrimonial brutal" a Arona porque se utilizaba "dinero público" para costear obras de urbanización que debía hacer la iniciativa privada, y puso como ejemplo de esos años la empresas de recogida de basuras, que acabó en "quiebra" y utilizada como "agencia de colocación".
Sobre la denuncia, ha dicho que acudió a la Fiscalía en Madrid porque pensaba que el caso "era grave" y allí tendría "más medios", y en condición de concejal, su grupo no quería ser "copartícipe" de la concesión de las licencias.
Ha dicho que tenía una relación "cordial" con el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa --uno de los acusados-- que se rompió cuando llevaron el caso ante la Fiscalía, y ha confirmado que una vez denunciados los hechos, asistió a una reunión con el exalcalde José Alberto González Reverón y un empresario, entre otros, que se convirtió en una "trampa" para intentar que entrara "en su juego".
Además, ha asumido las irregularidades urbanísticas del Camping Nauta --empresa familiar-- por el que fue sancionado por el Ayuntamiento con 345.000 euros, rebajados posteriormente vía judicial a 60.000 euros, y ha tildado de "terrible" la "persecución política" que sufrió en el municipio.
AMENAZAS DE MUERTE A PERIODISTAS
Ha dicho que en esos años en Arona --2003-2007-- había un "régimen" en el que hubo hasta "amenazas de muerte a periodistas". "Fue un sinvivir, hubo amenazas telefónicas, me rompieron la luna del coche y llevaban enchufados a los plenos para abuchearme", ha comentado.
Santamaría ha admitido que no tenía "pruebas" de que hubiera una connivencia técnico-empresarial en el municipio, y a las personas que le decían que les habían cobrado por las licencias, los remitía al juzgado.
"Ansorena --empresario al que presuntamente solicitaron dinero a cambio de unas licencias en Costa del Silencio-- me comentó su indefensión, que le estaban extorsionando, pero yo no podía atender a casos particulares", ha apuntado.
En un interrogatorio más tenso con la abogada del exalcalde, José Alberto González Reverón, ha dicho que es "falso" que comiera con el juez instructor del caso, Nelson Díaz Frías, antes de presentar la denuncia, momento en el que la magistrada le llamó la atención tras llamar a la letrada "mentirosa".
Santamaría ha dicho también que si la denuncia se presentó cerca de las elecciones de 2007, fue por las dificultades para acceder a la documentación.