El Gobierno canario acordó ayer requerir al Estado que derogue en un mes la evaluación final de Primaria, como paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la aprobación de un real decreto que considera "impuesto" a las comunidades autónomas.
Al término del Consejo de Gobierno, la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, explicó que el Ejecutivo exige al Ministerio de Educación que, en el plazo máximo de un mes, derogue el real decreto por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria. Monzón recalcó que Canarias no está en contra de que se hagan evaluaciones, pero aboga por que estas sirvan para disponer de diagnósticos, y no para establecer clasificaciones de alumnos y centros educativos.
Este real decreto desarrolla la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), estableciendo un sistema de evaluación contrario al modelo defendido por la comunidad de Canarias y sin realizar las preceptivas consultas a los Gobiernos autonómicos. Esa falta de consulta previa y la aplicación sin consenso del real decreto son precisamente la base del requerimiento que presentará el Gobierno de Canarias al estatal. El Gobierno autonómico lo formula al amparo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. A su juicio, al omitir el preceptivo trámite de consulta a las comunidades autónomas, el Estado ha incurrido durante su tramitación en causa determinante de nulidad radical o de pleno derecho.
Si transcurrido un mes desde que se presente el requerimiento el Estado no deroga el real decreto, el Gobierno de Canarias volverá a emplear la vía judicial contra la Lomce o su desarrollo, con la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Monzón recordó que la propia Ley Canaria de Evaluación no Universitaria establece la obligatoriedad de realizar una prueba al finalizar sexto curso de Primaria, pero distinta a la que establece el Real Decreto 1058/2015.
Con esta evaluación que la comunidad canaria implementará se podrán obtener resultados cualitativos, que permitan detectar los puntos débiles del nivel en el que se aplica y adoptar medidas.