La Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias reclama al Cabildo tinerfeño la devolución de alrededor de un millón de euros por las obras en la avenida Rafael Puig, en Adeje y Arona, incluidas en el Plan de Excelencia del Sur de Tenerife. En concreto, exige el pago de 663.000 euros, más 226.000 euros, en concepto de intereses de demora.

El Gobierno canario concedió en el año 2000 una subvención global de 1,8 millones de euros para la ejecución de este Plan que buscaba mejorar las infraestructuras de los enclaves turísticos del Archipiélago. En el mismo estaban incluidos los ayuntamientos de Arona y Adeje, fondos europeos y la Asociación de Empresarios de Tenerife. La Consejería denunció en los tribunales que se habrían infringido varios artículos de la Ley de Contratación. En concreto, el Cabildo no habría justificado el dinero invertido por la Unión Europea (UE), a lo que la institución insular alegó que no tenía conocimiento de que el programa se había financiado con fondos Feder. Un extremo que rechazan los tribunales desde donde se recuerda que en los propios carteles encargados por el Cabildo se recogía la participación de Bruselas.

Además, el Servicio de Intervención del Gobierno de Canarias detectó diversas irregularidades. Entre ellas, que varios proyectos redujeron su ámbito de actuación y en otros se incorporaron unidades de obras no definidas inicialmente por valor de 3,3 millones, lo que supuso una variación del 40% sobre el presupuesto inicial, frente al 20% que permite la UE.

El pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo (TS) se pronunció el mismo día en dos ocasiones sobre esta cuestión. En una, por un recurso presentado por el Gobierno canario y, en otra, por el Cabildo. De forma conjunta, el TS responde que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que se pronuncie sobre la cuestión, al tratarse de normativa autonómica. El Cabildo había alegado que la legislación europea de aplicación había sido aprobada con posterioridad, a lo que el Supremo responde que lo que se habría infringido en realidad es la canaria.

Este contencioso se ha concretado en dos frentes, uno contra la orden y otro, contra las liquidaciones que ha perdido en ambas ocasiones el Cabildo tinerfeño. Ahora el galimatías tendrá que ser resuelto por el TSJC, tal y como ha ordenado el Supremo.