"Desde hace una década, el Ayuntamiento de La Laguna viene otorgando licencias urbanísticas en el ámbito de ese conjunto histórico incumpliendo sistemáticamente la obligación de obtener, ya sea la autorización previa, o ya sea la previa conformidad de este Cabildo, que, como se verá, son exigidas por la ley".

El anterior es uno de los párrafos más rotundos de un dictamen emitido el 5 de noviembre por la Sección Administrativa de Patrimonio Histórico de la institución insular, en el que se añade que esa omisión ha sido "en gran medida voluntaria" y que "el hecho cierto es que multitud de actuaciones permitidas por ese ayuntamiento han sido llevadas a cabo sin obtener ni autorización ni previa conformidad, con lo que, inevitablemente, en muchas intervenciones que han variado la fisonomía del conjunto histórico de La Laguna, no ha existido control alguno de este Cabildo".

Obtenido por el grupo de Unid@s se puede (USP) en el Consistorio lagunero después de numerosos intentos, el texto nace tras un anterior escrito -de abril de 2015- de la Gerencia de Urbanismo, y establece en su final: "Estos motivos llevan a reafirmar la convicción de que la naturaleza del vicio es la nulidad, y no la anulabilidad. Por ello, lo que debiera hacerse es instar a la revisión de la totalidad de las licencias otorgadas en estos años por el Ayuntamiento de La Laguna". Y propone a continuación: "Solicitar informe a la Gerencia de Urbanismo de La Laguna sobre aquellas licencias que haya podido otorgar sin autorización previa o conformidad de este Cabildo, con vistas a su análisis y, en su caso, su revisión de oficio".

De forma más explicativa, el problema reside en que desde la Sección Administrativa de Patrimonio determinan que se obvió informar a la institución tinerfeña de la concesión de esas licencias de obra en edificaciones del centro histórico. "Esas intervenciones, que son competencia del ayuntamiento, se rigen por el Plan Especial de Protección, que fue aprobado con los informes favorables de la Comisión Insular de Patrimonio del Cabildo, con quien hay una comunicación fluida y colaboración constante en cualquier intervención en el casco histórico", defendió la concejala del ramo, Candelaria Díaz.

Por otro lado, fuentes oficiales de la Corporación local plantearon que a ese dictamen siguió un nuevo informe realizado, a solicitud de Urbanismo, por la ULL. También con tono categórico, este plantea que no procede la nulidad del dictamen de Patrimonio: "La omisión de dicho informe, toda vez que existe un Plan Especial aprobado informado favorablemente por el Cabildo que determina el nivel de intervenciones que se pueden adoptar, nunca puede ser considerado como determinante de nulidad absoluta". Según dice, la "previa conformidad" insular "tiene naturaleza de informe preceptivo no vinculante".

Mientras tanto, la consejera de Patrimonio, Josefa María Mesa, restó hierro al documento emitido desde su área. "Ellos defienden que con un Plan Especial no tiene por qué darles el visto bueno el Cabildo; mirándolo fríamente, deberían tener razón", sostuvo, y también destacó que lo sucedido no es grave y que La Laguna ya remite las licencias.

USP pide que la edil de Urbanismo comparezca

Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se puede (USP) en el Ayuntamiento de La Laguna, registró ayer una solicitud de comparecencia de la concejala de Patrimonio Histórico, Candelaria Díaz, a raíz del dictamen elaborado por la Sección Administrativa del Consejo Insular de Patrimonio. Además, añadió que USP pedirá que se depuren responsabilidades.

"Nos parece un asunto de extrema gravedad, que implica, tal como recoge el dictamen, que un enorme número de licencias de obra en el casco histórico de la última década, tanto mayor como menor, serían nulas", afirmó el concejal lagunero. "Más grave aún es si pensamos que durante buena parte de esos diez años se han estado pagando 240.000 euros anuales a una empresa privada, Arquitectura, Urbanismo y Cooperación (AUC), por la gestión del Plan Especial de Protección del Casco", criticó.

Ascanio apuntó que el incumplimiento de los deberes recogidos en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias implica, según sus artículos 96 y 99, sanciones que podrían llegar a los 600.000 euros, además del establecimiento de infracciones administrativas.