Lo de Arona fue el 1-0 del PSOE. La primera por la escuadra a una Coalición Canaria en retirada por el macrojuicio de la corrupción en el municipio sureño, una vista que cada día nos depara un nuevo descubrimiento abracadabrante. Desde luego, con todo lo que metieron en el saco durante una década, ya podían pagarse armarios climatizados para guardar visones. Lujo, despilfarro y horterada a partes iguales, el desparrame económico de los asaltacaminos de Arona les pasa ahora factura. A ellos y a sus partidos: la presencia en las listas coalicioneras de algún implicado en la gran mamanza aronera dio a José Julián Mena la excusa perfecta para reforzar su propio gobierno municipal frente a los de dentro y a los de fuera. Coalición se cabreó con la boca chica y en el PSOE silbaron mirando hacia otro lado. Pero si algo demuestra la historia es que en política no suele haber afrenta que no sea vengada si se presenta la oportunidad.

Lo de Arona es ahora la justificación para la operación de Granadilla, de mucho más calado: una moción de censura contra el alcalde, Jaime González Cejas, dirigida y planificada con la bendición de la insular nacionalista (el presidente de esa insular es un señor que responde al nombre de Fernando Clavijo) y que recurre más o menos a los mismos argumentos que usó el PSOE en Arona para dejar fuera a Coalición. Pero el caso no es el mismo: en Arona hubo una corrupción generalizada, y lo que se atribuye a González Cejas -siendo probablemente delito- es un asunto de mucha menor enjundia: el alcalde y dos de sus concejales están imputados judicialmente por prevaricación cometida con el otorgamiento de la licencia de obra de un lavadero, realizada a pesar de existir informe negativo. El caso arranca hace once años, cuando el vecino Manuel Pedrouzo solicitó licencia para ampliar su lavadero en una planta cubierta y, cuando se la dieron, presentó un proyecto que sobrepasaba la altura permitida, recibiendo el proyecto autorización. Denunciado el caso por Coalición Canaria, el juez imputó a todos los miembros de la Junta de Gobierno -el alcalde y siete concejales- por prevaricación, castigada con inhabilitación especial para cargo público de siete a diez años.

Es poca cosa, pero suficiente para que Coalición intente un acuerdo con el PP y con el único concejal de Ciudadanos, que pretende desbancar a los socialistas del municipio. De momento, la pega mayor es la negativa de Ciudadanos a apoyar un gobierno de mayoría nacionalista, pero ni en Granadilla ni en Galcerán creen que esa negativa sea innegociable.

Si prospera la moción, será un desafió en toda regla a la estabilidad municipal del pacto. Porque lo de Arona ni quita ni pone rey, y lo de La Victoria es más un asunto interno del PP que otra cosa: el PP le devuelve La Victoria a Coalición para que Coalición no le entregue Puerto de la Cruz al PSOE. Todo dentro de lo previsible. Pero descabalgar al PSOE de Granadilla es un disparo de calibre mayor, contra la línea de flotación del pacto. Puede provocar un efecto dominó indeseable. Javier Abreu ya está colocando en fila las fichas con las que cuenta en La Laguna para acabar de liarla.