Las dificultades económicas siguen asfixiando a muchas familias. Los ayuntamientos atendieron a 367.916 personas durante 2014, 69.850 más que en 2008, cuando empezó la crisis, y 168.752 más que en 2001. Los últimos datos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que acaban de ser publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), ponen en evidencia el esfuerzo que han tenido que hacer, y siguen haciendo, los consistorios para dar respuesta a las necesidades de sus habitantes.

El papel de los ayuntamientos se ha mostrado crucial durante la crisis, pero también en los años anteriores. Solo entre 2001 -primer año del que hay registros- y 2008 -cuando empezaron las dificultades económicas-, los consistorios pasaron de atender a 199.164 personas a asistir a 298.066. En otras palabras, la cifra de usuarios creció en esos ocho años en 98.902 personas, mientras que en siete años, entre 2008 y 2014, el aumento fue de 69.850.

El dinero que cada municipio destina por persona difiere de una isla a otra, pero, sobre todo, entre un municipio y otro. La media destinada por individuo en el Archipiélago fue ese año algo menos de 30 euros, pero hay localidades donde la partida por residente fue muchísimo más elevada. El caso más destacado fue el de Betancuria, donde se superaron los 200 euros. En el lado contrario se situó Antigua, con 17 euros por habitantes. Por islas, La Palma (44,55 euros) y La Gomera (43,64) fueron las que más presupuesto destinaron, también según los datos del Istac.

El presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Manuel Plasencia, explicó ayer la importancia de redactar pronto la nueva Ley Canaria de Servicios sociales, ya que desde el 1 de enero de este año las corporaciones municipales han visto recortado su papel.

Este texto legal determinará las competencias de cada administración y establecerá la ficha financiera. Los ayuntamientos no han hecho todavía un cálculo del importe que debe contemplar la nueva ley, pero tanto los consistorios como los cabildos, las organizaciones del tercer sector y los colegios profesionales están trabajando con la Consejería de Políticas Sociales para que el documento esté finalizado lo antes posible y pueda entrar en vigor.

Plasencia y la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, firmaron ayer el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, dotado con un total de 12 millones, y explicaron que este acuerdo permite a los municipios mantener el apoyo a las personas con más necesidades y no suprimir puestos de trabajo.

12 millones para prestaciones sociales

La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández y el presidente de la Fecam, Manual Ramón Plasencia, firmaron ayer un acuerdo por el que el Gobierno de Canarias destinará más de 12 millones de euros al Plan Concertado de Prestaciones Básicas y a la gestión de la PCI, "un protocolo que garantiza la atención a las personas con mayores necesidades". Patricia Hernández destacó que "los ayuntamientos son los que ven más de cerca y mejor gestionan las necesidades sociales de sus ciudadanos".

El plan concertado, clave para el Archipiélago

La también consejera de Políticas Sociales hizo hincapié en que "el Plan Concertado de Prestaciones Básicas es la herramienta que garantiza el desarrollo de los servicios sociales comunitarios a través de los ayuntamientos". En este sentido, añadió que "es algo fundamental para Canarias y para prestar servicios como la ayuda a domicilio".