Profesionales de los servicios sociales acusaron ayer al Gobierno canario de "mirar hacia otro lado" frente a la "preocupante situación" de pobreza que sufren, dijeron, más de 778.000 ciudadanos del Archipiélago a los que cada vez se dedican menos recursos.
Y es que, pese a los mensajes de mejora de la economía y del empleo tras los años de mayor crisis que reiteran las autoridades, "la situación ha empeorado" para los más desfavorecidos en las Islas, en buen medida debido a que se está produciendo un "desmantelamiento del sistema público de servicios sociales", según afirmó la portavoz de estos trabajadores, Koldobi Velasco.
En una rueda de prensa convocada por el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y la Red de Defensa de los Servicios Sociales, Velasco aseveró que los recortes aumentan en esta materia aunque se mantenga lo contrario.
Ello se debe, explicó, a que el Gobierno autónomo "solo dedica 4 de cada 100 euros a los servicios sociales y no el 79% de su presupuesto, como plantea, porque ahí incluye sanidad, educación y otros capítulos", y, al mismo tiempo, la ley de reforma local está retirando las competencias que tenían en ese tipo de prestaciones a muchos ayuntamientos.
Hasta ahora, las corporaciones gestionaban el 80% del gasto público en servicios sociales. Si bien la ley preveía que las competencias que estos perdían las asumiera el Gobierno de Canarias, este no ha incrementado sus fondos en una cuantía suficiente para compensar los recortes de aquellos. La realidad es que en Canarias, incluso, "se sigue sin subsanar siquiera el 28% del gasto en servicios sociales que se dejó de invertir estos años atrás".