El desplome que experimentó el sector inmobiliario durante los años de la crisis ha dejado innumerables víctimas. Entre ellas están las miles de personas que optaron por comprar su vivienda sobre plano y adelantaron cantidades a cuenta del precio para ver luego cómo el proyecto se paralizaba y los dejaba sin casa y sin dinero. Un reciente cambio legal añade dificultades para reclamar lo que les corresponde a los que sufran esta situación a partir de enero de 2016, pero los damnificados por la oleada de los últimos años tienen aún la oportunidad de conseguir su dinero con los intereses correspondientes.

El despacho de abogados El Defensor de tu Vivienda se ha especializado en este tipo de casos, primero en Madrid y luego en zonas cercanas a la capital. Ahora ha decidido trasladarse a Canarias, desde donde ha recibido "muchísimas llamadas de afectados", asegura su directora, Marta Serra. Solo los ejemplos que menciona -cinco promociones fallidas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y una en la de Las Palmas- suman casi 600 familias que siguen esperando para recuperar sus aportaciones.

En su visita a las Islas, la firma informará a los compradores de que disponen de una herramienta para que la inversión que realizaron no caiga en saco roto.

La ley vigente hasta este año data de 1968 pero, paradójicamente, ha sido más eficaz para defender los derechos de los compradores que la aprobada en 2015. Dado que esta última no tiene carácter retroactivo, la norma anterior aún ofrece una vía para recobrar el dinero entregado a cuenta del precio de la vivienda, tal y como han puesto en evidencia las sentencias emitidas hasta el momento en Madrid, de las que "un 100%" dan la razón a los afectados, expone Serra.

Los perjudicados por esta situación son ciudadanos o familias que, para comprar más barato o afrontar los pagos de forma más sostenible, decidieron hacerlo sobre plano a través de cooperativas, comunidades de bienes o promotoras de viviendas. En el Archipiélago, aunque los casos son "muchos y muy variados", la mayoría corresponde a esta última modalidad: promociones "fallidas" que frustraron el sueño de acceder a una casa y que además dejaron a los afectados sin los fondos que habían adelantado.

"El caso más común que encontramos en Canarias es el de promotoras que iban cogiendo dinero a cuenta, lo ingresaban en una cuenta bancaria y las entidades financieras no comprobaban que existía un seguro", detalla la directora de El Defensor de tu Vivienda. La ausencia del seguro es, precisamente, la clave para que los procedimientos judiciales terminen resolviéndose a favor de los compradores.

Las modificaciones que incorpora la nueva ley -20/2015- restringen la devolución del dinero solo al periodo posterior a la obtención de una licencia de obras, cuando en la gran mayoría de los casos las cantidades se entregan antes. También acorta los plazos para reclamar. Si la norma no se desarrolla mediante un reglamento -una opción que el Gobierno central no parece contemplar-, "muchas familias van a perder su dinero y no tendrán su casa".

las claves

Cambio de ley. La ley de 1968 ha demostrado ser eficaz para defender los intereses de los compradores, pero menos para los que albergan aseguradoras y bancos. Esta es, según El Defensor de tu Vivienda, la clave del cambio normativo.

No retroactiva. Pese a todo, el hecho de que la ley de 2015 no pueda aplicarse de forma retroactiva permite aún a los afectados de los últimos años contar con una vía para recuperar su dinero con intereses.

Sin seguro. La Justicia ha dado la razón en Madrid a los compradores porque los bancos no verificaron si las cooperativas o promotoras disponían de un seguro.