Miguel Cabrera Pérez-Camacho es sin duda uno de los personajes más característicos de la fauna política local: militante primero en el insularismo ático, lo abandonó porque sus principios animalistas eran incompatibles con la defensa del gallismo. Acabó pues siendo un militante igualmente polémico en el PP: abogado de mucho éxito, independiente hasta la médula y conservador excéntrico, ha sido sin duda uno de los mejores oradores que han pasado por la Cámara regional, a pesar de su tendencia excesiva a rimar versos acabados en "moño", que algún disgusto le trajeron. Otra de sus sonadas arrancadas se produjo durante el debate del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, concluido durante la pasada legislatura regional. Fue entonces cuando dijo aquello de que los diputados del PP no apoyarían la reforma del Estatuto "¡ni jartos de grifa!". Y así fue, al final, la reforma sólo contó con el voto de los partidos que sostenían al Gobierno de Rivero -Coalición y el PSOE-, mientras que el PP se opuso por considerar el proyecto excesivamente nacionalista. A alguno se le volvió a escapar el término "nacionalsocialista", puesto de moda por la pepera grancanaria Mercedes Roldós, con ocasión del anterior intento frustrado de reforma. Nueva Canarias se abstuvo porque consideró -entonces- que el proyecto respondía a un juego de posiciones de Coalición. En realidad, Nueva Canarias no apoyó la reforma porque no dejaron a Nueva Canarias entrar en ella.
La reforma del Estatuto se hace a iniciativa del Parlamento regional, pero al tratarse de una Ley Orgánica, tiene que ser debatida y votada en el Congreso, donde el PP controlaba la mayoría en la pasada legislatura. El Parlamento decidió de todas formas remitir la propuesta al Congreso, sabiendo que el proyecto no decaería y se mantendría la oportunidad de ser debatida en la siguiente, la actual, si cambiaba el patio político y el PP perdía el control del Congreso, como ha ocurrido. Ahora, el nuevo presidente del Congreso de los Diputados, el socialista Patxi López, remitió la pasada semana una carta al Parlamento regional anunciando la decisión de la Mesa del Congreso de admitir a trámite la propuesta de Estatuto de Autonomía de Canarias. Se da así respuesta a la petición del Parlamento de Canarias, que esperaba inútilmente un pronunciamiento de la Mesa anterior. Tendrán que ir a explicar el proyecto al Congreso los diputados Lavandera, del PSOE, y Ruano, de Coalición. Y habrá de pronunciarse el PP, ahora en una posición muy distinta de la de hace un año. Quizá no haga falta que los del PP le den mucho a la maría para que se produzca un cambio de criterio, porque la reforma es básicamente asumible por todos: incorpora mayor seguridad jurídica para el REF y la financiación, define la condición de región ultraperiférica de Canarias y permite al presidente regional disolver el Parlamento para convocar elecciones anticipadas y al Gobierno promulgar decretos-ley, y -sobre todo- incorpora la posibilidad de cambios en las normas electorales, que la sociedad canaria demanda.