El domingo de la semana pasada, fue rescatada a doce kilómetros del Sur de Gran Canaria una patera a la deriva, cargada de inmigrantes en pésimas condiciones. Su llegada desbordó las previsiones del protocolo de emergencia previsto para estos casos. La travesía había sido terrible, con siete personas muertas y tiradas por la borda. Los 42 inmigrantes que lograron sobrevivir llegaron deshidratados, con quemaduras e hipotermia y muy maltrechos. Uno murió en el hospital. La noche de la arribada, fueron atendidos por Cruz Roja y una médico del Servicio Canario de Salud. La buena mujer se dejó el pellejo durante horas, pero no daba abasto. Tanto ella como los voluntarios y profesionales de Cruz Roja trabajaron a destajo. Los inmigrantes en peores condiciones -16 en total- fueron trasladados al hospital Insular y al doctor Negrín. Otros dieciocho de ellos, que iban a ser llevados al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, pasaron veinte horas tirados en el suelo del aparcamiento de la Comisaría de Maspalomas. Según el delegado del Gobierno, no se les trasladó al centro porque no estaban en condiciones de ser movidos. Tres de los inmigrantes, tras su traslado, tuvieron que ser derivados a hospitales, dada su debilidad.

El episodio, uno más en el abundante catálogo de despropósitos que acompaña el trato de los inmigrantes que arriban ilegalmente a las costas canarias, ha sido utilizado por el delegado Hernández Bento para responsabilizar a los facultativos de la sanidad canaria y a la Consejería de no haber hecho correctamente su trabajo. El delegado aseguró el viernes que había presentado una denuncia (sin especificar contra quién) en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana. En realidad lo que ha hecho el delegado ha sido poner los informes realizados por la policía a disposición del juzgado, presentando eso como una denuncia. Lo que pretende el delegado es responder al consejero de Sanidad, que le desafió a denunciar a la consejería o a los facultativos si tenía constancia de desatención a los emigrantes. Yo no soy médico -ni tampoco lo es Hernández Bento- para juzgar con criterio las decisiones facultativas, pero no descarto posibles errores o incluso negligencia. No sería la primera vez que en situaciones como esta todo el mundo se lava las manos y hace lo posible por pasarle el marrón a otra administración. Si eso también ocurrió esta vez, deberán dirimirlo los tribunales. Pero lo que es cierto es que la responsabilidad de lo que pasó la madrugada del 7 al 8 de febrero parece más bien de tipo estructural, fruto entre otras cosas de la escasez de medios y los recortes. Algo que no debería tener mucho que ver con el protocolo de atención a los inmigrantes, en el que participan las fuerzas de seguridad, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y la Cruz Roja, y que ahora -cuando representa a un gobierno en funciones- el delegado dice que quiere cambiar. Mi impresión es que lo que pasó esa madrugada tiene mucho que ver con una administración -la del Estado, la que representa precisamente el señor delegado- que redujo el convenio con Cruz Roja y la dejó sin médicos, que apila a los inmigrantes en aparcamientos, los transporta como ganado en camiones de basura, les priva de sus derechos sanitarios por decreto... y luego usa su sufrimiento para hacer política.