"Dos señores vinieron a pedirme dinero, 25 millones de pesetas, y les dije que no". Lo aseguró ante el tribunal el vecino Marcos Brito Melo, quien posee una finca rústica en Asomadita Alta, donde pretendía construir una urbanización. "Les dije (a los dos señores) que me trajeran los papeles (la licencia) y pagaba", pero la realidad es que nunca pagó y nunca se autorizó tal construcción.
A preguntas de la acusación particular, ejercida por el abogado Santiago Martínez en representación de los empresarios Ansorena, el testigo citado a propuesta del Ministerio Fiscal reconoció que la petición de los 25 millones de pesetas por parte de estas personas, a las que no identificó, se produjo después de que el arquitecto Manuel Alexis Hernández Luis mantuviera una reunión con el acusado Manuel Barrios, entonces concejal de Urbanismo, para abordar la propuesta que recibió de construir un colegio en esa finca, calificada de suelo rústico. De hecho, especificó que el encuentro con "estos dos señores" se produjo "como a las dos de la tarde".
Preguntado por la abogada de la defensa Olga López, Marcos Brito aclaró que estas personas "no me dijeron en nombre de quién ni para quién" le pedían el dinero.
En la sesión número 13, fueron interrogados Luis Eugenio Gutiérrez y Jesús Villodre Cordero, abogados contratados por la familia Ansorena, a través del bufete de Vicente Álvarez Gil, para que elaboraran el informe justificativo de que la parcela de Costa del Silencio en la que pretendían construir 206 viviendas admitía los usos hotelero y residencial.
Este equipo de juristas percibió 600.000 pesetas del bufete de Álvarez Gil por el trabajo que realizaron, aunque su cliente les aseguró que había pagado dos millones y medio. Sin embargo, ellos se limitaron a realizar el trabajo que tenían contratado.
Tal y como se refleja en el informe que obra en el sumario, Gutiérrez y Villodre defendieron la compatibilidad de los usos residencial y hotelero en esa parcela, ya que en Costa del Silencio "predominaba el residencial" y se habían otorgado licencias de obras para ello, aludiendo así a la construcción de 965 viviendas en cuatro promociones realizadas por la misma constructora en el entorno del suelo en el que los Ansorena pretendían fabricar.
Villodre se mostró más elocuente que su compañero. Mientras Gutiérrez cumplió con la premisa de "no quiero hablar mal de nadie" respondiendo a la jueza ponente, María Vega, que no tuvo "curiosidad" por preguntar a sus clientes, cuando los Ansorena le hablaron del tema, por pormenores sobre el presunto intento de chantaje del que fueron objeto para obtener la licencia, Villodre llegó a afirmar que conoció la "rumorología" sobre la práctica del cobro de comisiones para la concesión de licencias de obra en el Ayuntamiento de Arona.
"Me pareció curioso que Tinsa (empresa tasadora) informara condicionando la concesión de la financiación a la obtención de la calificación de uso residencial" para el suelo en el que los Ansorena proyectaban construir 206 viviendas, argumento en que se basó CajaCanarias para denegar el dinero.
"Jamás tendrá la licencia"
El primer testigo de la jornada de ayer fue Ernesto Martínez, quien durante cuatro o cinco años trabajó para los empresarios Ansorena como vigilante de la obra consistente en el desmonte e inicio de los trabajos para construir 206 viviendas en Costa del Silencio. "Viene este señor en un coche, se bajó y dijo que jamás tendrá la licencia", declaró al tribunal en referencia a la personación en el lugar del arquitecto municipal Eliseo de la Rosa, uno de los 13 acusados y al que conocía "de vista". Estas palabras están en sintonía con lo declarado por los Ansorena, quienes también dijeron haber sido objeto de una supuesta extorsión al reclamársele 45 millones de pesetas para obtener la licencia de obra.
Renuncian a testigos
La de ayer fue la sesión número 13 de un juicio que comenzó el 12 de enero pasado y que se verá reducido notablemente en duración respecto a la previsión inicial, por la que finalizaría el 9 de mayo. Aunque no se ha formalizado aún, la defensa de los 13 acusados del caso Edén o caso Arona 1 ha renunciado a un número importante de testigos, medida a la que hay que sumar la retirada del listado de más de 200 de aquellos que se corresponden con los asuntos a abordar en las tres piezas separadas de este proceso, que todavía están por juzgar.