Pablo Hernández fue concejal del PSOE de Arona y uno de los asistentes a la reunión celebrada, durante el mes de abril de 2008, en "una finca" del empresario Pedro Suárez y en la que estuvieron presentes los entonces alcalde, José Alberto González Reverón, y concejal, Antonio Sosa, además del yerno del anfitrión y los también ediles socialistas del momento Francisco García Santamaría y Aramita Padrón, así como quien era jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil en el Sur, José Manuel Rodríguez.

El objetivo era "el desbloqueo de licencias urbanísticas", para lo que el gobierno municipal del mandato 2007-2011 quería contar con el innecesario (las licencias las otorga la Junta de Gobierno Local) respaldo plenario de los socialistas. Con ello, imposibilitaba la presentación de denuncias.

Pedro Suárez, entonces también presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), llegó a proponer a los socialistas que su yerno los asesorara en el estudio de los expedientes de solicitud de licencias que, en un encuentro posterior, les trasladó el grupo de gobierno. Asesoramiento que los concejales del PSOE buscaron finalmente en su compañero de partido, aparejador y profesor de la ULL José Antonio Valbuena.

A preguntas de la abogada de la defensa, Olga López, Pablo Hernández dejó claro que entre las peticiones de licencias informadas negativamente que les trasladó el gobierno no había ninguna de García Santamaría y Reverón González, ambos ediles del PSOE.

Alicia Marrero y Luis Sierra, esposa e hijo del acusado de presunto cohecho Félix Sierra (PP), se acogieron a su derecho a no declarar en virtud de tales parentescos.

Quien sí lo hizo, a través de videoconferencia desde el Juzgado de Arona, fue María Candelaria Padrón González, concejala de Economía y Hacienda de la época. Además de destacar que el Ayuntamiento de Arona "no tiene RPT", respondió acerca del pago de 12.000 euros a una persona que realizó "algún trabajo del área de Obras", a pesar de que el consistorio contaba con personal para hacer aquello que excedía a las empresas concesionarias. Además, aclaró que ningún empresario donó vehículo alguno a la corporación, aunque en una conversación incorporada al sumario aparece ella hablando con el alcalde de un acto en el que el empresario Suárez entrega uno. También admitió conocer los reparos de Intervención al pago de facturas por fraccionamiento y por falta de expediente previo.

Genoveva Perdigón, vecina de Parque de la Reina, explicó a la audiencia que no le concedieron la licencia que solicitó para autoconstruir una vivienda pequeña "aunque allí construían chalets". De hecho, la licencia le fue concedida el año pasado, siendo alcalde Francisco Niño.