Por gastada que pueda estar, la metáfora de la manta corta para tapar pies y cabeza viene que ni mandada a pedir para resumir la creciente polémica sobre las llamadas viviendas vacacionales. El Gobierno regional actual heredó un decreto aprobado dos días antes de las elecciones de mayo y que pronto fue duramente criticado por los que lo promovieron, los dueños de casas con potencial turístico que ya alquilaban o pretendían hacerlo explícita, legal y contribuyendo a la recaudación pública. El Ejecutivo de Clavijo se enfrenta al dilema de no poder contentar a los extremos en un asunto con profundidad casi ideológica y filosófica, sobre todo respecto a la libertad de empresa e iniciativa, la competencia desleal y el riesgo de cambiar un modelo turístico del que viven las Islas desde hace mucho tiempo.
Las posturas enfrentadas entre los propietarios, agrupados en la llamada Ascav, las patronales hoteleras, operadores y hasta sindicatos tienen su extensión, como no podía ser de otra forma, en el Parlamento, si bien la última palabra corresponde al Gobierno. Como si se tratase de una conferencia sobre libertad empresarial, y ya desde el anterior mandato, pero especialmente en este, debido a la pluralidad de partidos, las distintas posiciones enriquecen un debate que si algo ha dejado claro es que no deparará una solución conciliadora. Resulta imposible. No hay manta para todos y alguien pasará más frío. Seguro.
El Gobierno (CC y PSOE) trata de hallar un camino intermedio que regule una actividad que podría suponer unos ingresos notables, pero, claro, sin poner en riesgo lo que aportan los apartamentos y hoteles, que podrían toparse con una competencia, en muchos casos, insalvable por precios bajos, con sus consecuencias en el empleo y en la calidad. Los mayores temores ante la liberalización, sobre todo si se extiende a las zonas turísticas, tal y como plantea sin ambages el PP, los ha mostrado NC. La formación de Román Rodríguez aboga por regularizar esta actividad, pero hacerlo al máximo, entre otras cosas para evitar la posible especulación con grandes grupos económicos foráneos que aprovechen la coyuntura de un liberalismo salvaje, que es lo que aprecia en la posición del PP y de la propia Ascav, para comprar casas y apartamentos.
Una posición ambivalente la muestra la Agrupación Socialista Gomera, sobre todo porque esta Isla presenta un gran número de casos, mientras que Podemos parece acercarse al PP, pero se aleja enseguida al matizar que permitirían que cualquiera pudiera alquilar su vivienda si se queda en eso, en una economía familiar.
El Partido Popular es el más radical y, agarrándose al dictamen de Competencia sobre el decreto, cree que se pierde una gran oportunidad económica que no pondría en riesgo el modelo turístico. La manta dirá.
Ashotel, tajante sobre las zonas turísticas
Entre los detractores del decreto y, sobre todo, de las pretensiones de la Ascav destaca el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal. En infinidad de ocasiones, ha advertido del riesgo que esta regulación o, según se mire, desregulación supondría para el modelo turístico de éxito implantado en las Islas, con hoteles de gran calidad, y para la futura creación y hasta mantenimiento del empleo. Una preocupación que, según advierte, se extiende a los operadores turísticos y sindicatos, sobre todo si se permite en las llamadas zonas turísticas, donde se concentra el mayor número de hoteles y apartamentos que ahora tributan y operan como tales. A su juicio, esta competencia desleal obligará al cierre a muchos negocios, sobre todo apartamentos. De hecho, se pone de ejemplo y dice que se daría de baja y abriría como casa vacacional sin cumplir con lo actual, ni contratar y sin riesgos de que un inspector se lo impida. Cree que esos alquileres se deben regular sin tanto perjuicio y avisa de la picaresca que pudiera atraer a grandes grupos especulativos exteriores.
La visión de los dueños
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) se las prometía felices al comprobar cómo el Gobierno regional anterior, en el último pleno antes de cerrar la legislatura, aprobó el decreto por el que tanto había luchado. Sin embargo, al analizar a fondo su contenido y consecuencias, enseguida se revolvió en contra, entre otras cosas porque convertía en ilegal una actividad, hasta entonces, al menos alegal y no la permitía en zonas turísticas (con sanciones de 30.001 a 300.000 euros, el mismo régimen sancionador que el de un hotel de 5.000 camas), una de las claves de esta compleja polémica. La presidenta de la Ascav, Doris Borrego, es una asidua del Parlamento cada vez que se debate alguna propuesta sobre esto y siempre aplaude las intervenciones del PP e, incluso, alguna que otra de Podemos. La Ascav pretende que la vivienda vacacional no se vincule a suelo, sino a que sea residencial para poder destinarse al alquiler turístico siempre que sean legales. En su opinión, el decreto solo atenta contra la libre competencia al sacarlas de las zonas turísticas, lo que ha perjudicado, según sus cálculos, a 53.000 viviendas, dejándolas en la ilegalidad. Su argumento siempre ha sido que el turismo no es el "coto privado de unos pocos" y que estas casas las demandan turistas.