Un nuevo pleno regional volvió a evidenciar ayer que la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, ejerce su puesto con firmeza. No solo en el control de los tiempos e intervenciones, ni a la hora de reprocharle al público que aplauda algunas posturas, sino cumpliendo el reglamento a rajatabla e impidiendo que los diputados hagan proselitismo de causas más allá de la palabra. Ocurrió ayer al comienzo de la pregunta de Noemí Santana, portavoz de Podemos, sobre la recuperación del proyecto de Chillida para la montaña de Tindaya, en Fuerteventura. Con su característico acento, Noemí reforzó su intervención colocando delante de su asiento una camisa roja de protesta contra esta polémica intervención visible ante casi toda la Cámara. A los pocos segundos, Darias la paró y obligó a retirar el refuerzo argumental, lo que hizo sin problema.
Este debate, no obstante, le dio una nueva oportunidad a Clavijo para reprocharle a Podemos tics que cree poco democráticos, al no permitirle responder sin comentarios de fondo o gestos faciales o manuales. El presidente subrayó que la recuperación del proyecto, con la creación de una fundación, obedece solo al testamento del artista y que cuenta con todos los informes técnicos favorables, que no se habla de venta de la montaña y que lo apoyan el Cabildo majorero, los 6 ayuntamientos y la sociedad de Fuerteventura en general. Es más, retó a Podemos a presentar mociones en estas administraciones a ver si logran respaldos que desmientan ese apoyo. Santana recalcó, por el contrario, que hay 60.000 firmas en contra, que buena parte de la Isla lo discute por los valores arqueológicos, históricos y simbólicos de Tindaya y que esta iniciativa ya ha costado a las Islas 25,7 millones sin mover una piedra, según confesó el consejero Berriel en 2008.
El pleno siguió luego por cauces más sosegados, aunque rozó un poco la difusa frontera del populismo al abordarse el caso de Saray Rodríguez, la estudiante majorera discapacitada a la que el Gobierno ha retirado la ayuda que tenía antes y otorgado una de dependencia de 500 euros, aparte de ofrecerle una residencia en Las Palmas para seguir con su carrera. Águeda Montelongo (PP) criticó la decisión y Patricia Hernández le replicó que se trataba de un caso excepcional por el que la Comunidad aportó 300.000 euros a una única persona de 2009 a 2014 "cuando existen las listas de espera en dependencia que existen". Según remarcó, se propiciará un concurso para que todos los dependientes aspiren a las ayudas sin excepciones.
Eso sí, Patricia fue luego mucho menos convincente en la parte leída de su discurso sobre el plan concertado de servicios sociales. Un texto soporífero y leído sin pasión, por importante que sea el asunto. Ya entonces, Darias había vuelto a su puesto y, aunque los diputados no lo ven, se sentó en un cojín sin mensaje político que su sustituto previo, David de la Hoz, por altura o propiedad privada, no usa.