Dos agentes de la Guardia Civil ratificaron ayer los informes patrimoniales que elaboraron sobre los acusados del caso Arona 1 en los que se refleja la existencia de un incremento dudoso del mismo, en varios casos; injustificado, en otros, y con desfase, en alguno.
En el caso de Juan José Alayón, exconcejal, la investigación partió de un valor superior a los 550.000 euros y concluyó atribuyéndole un patrimonio de 1.440.000 euros tras el periodo en el que participó en el gobierno municipal de Arona.
El estudio elaborado por la Benemérita sobre Manuel Barrios, exalcalde y exconcejal de Urbanismo, determinó que entre los años 1995 y 2007 tuvo un incremento patrimonial que se situó en los 481.000 euros, así como 292.000 euros de ahorro económico. Además, la Unidad de Delitos contra el Patrimonio detectó la venta de cuatro viviendas en un edificio situado en Arona y la compra de otra en Candelaria.
Arsenio Zamora, otro de los acusados, no tenía inmuebles a su nombre. Al menos, los guardias civiles no los detectaron, aunque sí unos 8.000 euros en sus cuentas bancarias. Fue un proceso de investigación con dificultades sobre quien está considerado como el supuesto intermediario en el presunto cobro de comisiones por la concesión de licencias urbanísticas.
"El patrimonio acumulado parece excesivo", fue la conclusión a la que llegó la Guardia Civil tras investigar el patrimonio del exarquitecto municipal, Roberto de Luis, que pasó de 125.000 euros en el año 1999 hasta los 558.000 euros en el ejercicio de 2007.
Roberto de Luis contaba con una empresa y disponía de compatibilidad para realizar trabajos en otros municipios. De hecho, este aspecto fue abordado por su defensa, que trató de demostrar que las cuentas cuadraban y de desmontar uno de los aspectos de los informes de la Guardia Civil, el referido a un ingreso de tres millones de euros, con Teca como ordenante, y otro de siete millones, con Tecario como ordenante, dos meses después. Cantidades utilizadas para cancelar anticipadamente un préstamo. Según el abogado defensor, esas expresiones se correspondían con los términos hipoteca e hipotecario.
El nombre de Félix Sierra volvió a sonar en la sala seis del Palacio de Justicia. Su abogado (sustituyó a la titular, Olga López) puso en valor los 500.000 euros que obtuvo durante su vida laboral previa al cargo de concejal para señalar que los 472.000 euros a los que la Guardia Civl no encontró justificación tenían esa procedencia. También se escudó en el valor de las sociedades a las que estaba vinculado su defendido para justificar los otros 181.699,33 euros que la Benemérita señaló como el importe del desfase patrimonial del exconcejal.