La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), según el anteproyecto de la Ley del Suelo, "será vinculante siempre" para los planeamientos de ayuntamientos y cabildos, tendrá un nuevo perfil, y los informes deberán estar en un plazo estimado de dos meses. Así lo destacó ayer la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, en un encuentro con los medios de comunicación en la sede de Presidencia del Gobierno autónomo en Las Palmas, junto al viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero; la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, y otros altos cargos del Ejecutivo.

El papel que tendrá la Cotmac pasará a ser diferente al actual, por lo que deberá elaborarse un nuevo reglamento. Barreto señaló que el Gobierno canario quiere "tener perfilado" el reglamento de funcionamiento de la Cotmac con la idea de que cuando se apruebe la norma, poderlo sacar adelante. Añadió que la intención del Gobierno regional es que, "en principio, miembros de ayuntamientos y cabildos" no se encuentren dentro de sus órganos, si bien dijo que "deben estar técnicos de los diferentes departamentos".

Según Barreto, los informes de la Cotmac deberán estar en un plazo estimado de dos meses, aunque matizó que esta periodicidad podría variar en el transcurso de la tramitación de la norma en el proceso parlamentario.

Con la Cotmac, "perseguimos que siga siendo el órgano de tutela, a través de ese informe único que tiene que emitir, que recogerá los pareceres de los demás departamentos de la comunidad autónoma, siendo un informe competencial, preceptivo y vinculante, en ningún caso de legalidad, porque al ir a un procedimiento monofásico de planeamiento general, se residencia en cada administración", manifestó.

Nieves Lady Barreto insistió en que espera que "la Ley llegue al Parlamento en junio. Ahora, se recabarán los informes pertinentes de otras Administraciones y órganos, como el Consejo Consultivo, se abre el plazo de audiencia para que todo el que quiera opinar pueda hacerlo, se volverá a estudiar el texto, se corregirá y se llevará al Gobierno para su aprobación. La parte no formal es la que continuaremos en cada isla explicando el texto con colectivos profesionales, asociaciones y abierto a toda la ciudadanía", dijo.

La consejera autonómica aseguró que "entendemos que se genere debate y eso es enriquecedor. Así, llegaremos a puntos de encuentro. El texto tiene que mejorarse con la aportación de todos".

Asimismo, ayer también se supo que la Ley del Suelo que el Gobierno presentará en el Parlamento dará una solución transitoria a quienes desde hace años poseen apartamentos turísticos a los que dan un uso residencial, al establecer que no pueden ser expropiados por ello, como marcaba la Ley Turística.

Asimismo, Nieves Lady Barreto dejó claro que el debate de la Ley Turística tendrá lugar en 2017.

Los técnicos que han elaborado este anteproyecto comentaron que el modelo que persigue la futura Ley del Suelo se lleva a cabo actualmente en comunidades como Baleares, donde se tramita para municipios de Palma de Mallorca, o el País Vasco.

Simplificar, clarificar y dar seguridad

La nueva Ley del Suelo de Canarias, que el Ejecutivo autónomo espera que llegue al Parlamento en junio, es "un esfuerzo por simplificar, clarificar y dar seguridad a las decisiones sobre el territorio en las Islas", destacó la titular de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

Los principios de la reforma atienden al desarrollo sostenible como objetivo en todas sus nuevas dimensiones: movilidad, eficiencia energética, conservación del paisaje y lucha contra el cambio climático. Y, desde este principio, la nueva Ley del Suelo se propone "simplificar, racionalizar y actualizar la toma de decisiones administrativas sobre el territorio, con el fin último de flexibilizar el uso del suelo apto para ser desarrollado o renovado, por un lado, y proteger los suelos valiosos".

Desde esta perspectiva, el propósito del Gobierno canario es "aglutinar en una única ley todas las reglas fundamentales de protección, ordenación y utilización del suelo". De este modo, la Ley del Suelo se propone sustituir el Texto Refundido de la Ley del Territorio del año 2000, las Directrices de Ordenación (2003) y la Ley de Armonización y Simplificación (2014).

Asimismo, hay que destacar que la nueva norma excluye modificar la normativa vigente sobre turismo, patrimonio histórico, comercio, actividades, clasificadas, vivienda, etcétera, sin perjuicio de algunos ajustes vía disposiciones adicionales.

Desde la perspectiva de la ordenación del suelo, el borrador del nuevo texto normativo mantiene las categorías actuales (rústico, urbanizable y urbano), pero introduce una novedad muy significativa al considerar que todo suelo no urbano o no urbanizable es, por principio, suelo rústico, invirtiendo el criterio fijado por la Ley estatal 6/1998, que liberalizaba suelo. Desde la perspectiva del borrador, solo se admitirá el nuevo suelo urbanizable preciso para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado desde el punto de vista del interés público.