Las fuerzas de seguridad detectaron el pasado año 1.324 delitos de odio, un 13% más que en 2014, según los datos facilitados ayer en rueda de prensa por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien puso de manifiesto la necesidad de sacar del "agujero negro" del anonimato a las víctimas.
El titular de Interior ofreció un balance de estos delitos por segundo año consecutivo. También dio cuenta de los resultados policiales contra la trata de seres humanos, tanto con fines de explotación sexual como laboral.
Sobre los delitos de odio, el ministro recordó las modificaciones legales y las iniciativas de su departamento para mejorar la lucha contra unas conductas que no pueden ser aceptadas en una sociedad democrática como la española.
"Nos encontramos al principio del camino" en esta lucha, advirtió el ministro, que precisó que aún son muchos los delitos que no llegan a denunciarse ni a conocerse. Fernández Díaz cree que se va en "la dirección correcta" para llegar a la "tolerancia cero".
De los 1.324 delitos de este tipo, la mayoría, 506 fueron casos de racismo y xenofobia, 308 por ideología, 224 dirigidos contra personas con discapacidad y 168 por orientación sexual, entre los más numerosos. Les siguen los 70 por creencias o prácticas religiosas, los 24 por discriminación sexual o de género, los 15 por aporofobia y los 9 por antisemitismo.
Fernández subrayó que el aumento se debe a la incorporación este año de dos tipos de incidentes de delitos de odio -por ideología y por discriminación de género- y resaltó el descenso en un 67% de las conductas contra la orientación o identidad sexual de las personas. Además, 240 casos fueron lesiones, 205 amenazas y 113 injurias, mientras que el resto se reparte entre daños, abuso sexual, vejaciones, trato degradante y actos racistas, entre otros.
Por sexo, el 60% de las víctimas son hombres y el resto mujeres. El ministro destacó que una de cada diez víctimas es menor de edad.
Respecto a la trata de seres humanos, Fernández Díaz hizo un recorrido por las medidas puestas en marcha y cifró en 3.007 las inspecciones administrativas realizadas en 2015 en el caso de la explotación sexual.