La exarquitecta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Pía Oramas reconoció ayer que le "sorprendió" que cuando en 2001 presentó su informe sobre el valor que podían tener las parcelas del frente de la playa de Las Teresitas se pidiese otro para "echar abajo" el suyo.

Así de contundente se expresó la ahora arquitecta del Cabildo de Tenerife, durante su declaración como perito testigo en la primera sesión de la vista oral de la demanda civil por la anulación de la compraventa de los terrenos del frente de la playa chicharrera.

Con la misma contundencia, Oramas ratificó las conclusiones a las que llegó en marzo de 2001, cuando tasó las once parcelas del frente de la playa en unos 3.200 millones de pesetas (19,2 millones de euros). Finalmente, el ayuntamiento pagó casi 53.

Casi los mismos términos que utilizó en 2008 en su declaración ante la jueza Carla Bellini y la exfiscal Anticorrupción, María Farnés, en el marco del proceso penal.

La exarquitecta municipal detalló ayer que su trabajo es una "síntesis" de un informe suyo, de la tasación que hizo la Universidad Carlos III y de una encargada a la agencia de tasación Pool Guest. Todos estos informes daban cifras aproximadas sobre el valor del frente de playa.

Además, remarcó que "no existía" un proyecto de urbanización aprobado, en contra de lo que viene defendiendo la defensa de los empresarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), y reconoció que en la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz "había dudas" sobre la titularidad de los terrenos, pues parte del suelo estaba registrado en el inventario municipal.

Durante su comparencia, que se prolongó una hora y media, y con cierta rotundidad, Oramas se defendió de las preguntas del abogado de ILT, Ángel Guimerá Ravina, al que acusó de confundir "peras con manzanas", al pedirle que comparara el valor de los terrenos del frente de playa con los de la zona de Cabo Llanos.

"Me mantengo en mi criterio", sentenció la ahora arquitecta del Cabildo tinerfeño, de quien Guimerá Ravina dejó entrever que tendía a valorar por debajo de los precios del mercado. "El precio es lo que alguien está dispuesto a pagar, y no tiene por qué coincidir con el valor", sostuvo Oramas.

Junto a ella también declararon ayer el exjefe de Planeamiento de Santa Cruz Elías Medina y la arquitecta municipal Berta Álvarez. Ambos defendieron el estudio realizado sobre la edificabilidad de las parcelas con motivo del proyecto de Dominique Perrault. Fue una comparecencia breve.

Mucho más prolija, tanto en tiempo como en detalles, fue la del arquitecto Javier Domínguez Anadón. Autor de un informe para ILT que concluye que el valor de los terrenos es de 71 millones de euros, casi 18 más que lo que pagó el ayuntamiento. Anadón negó que el precio del frente de playa se viera reducido por la moratoria, los estándares turísticos o el deslinde de Costas. "En aquel momento, Santa Cruz era un municipio de ámbito turístico y, por lo tanto, podía haber edificado sus hoteles", dijo. Además, se contaba con un planeamiento aprobado, "aunque fuera por silencio administrativo", continuó. Y, aunque sea teórico, la totalidad de los aprovechamientos "pueden ser traspasados a otras parcelas", añadió el exconsejero de Política Territorial y ahora asesor urbanístico de la Fecam.

En su opinión, el informe de Pía Oramas, y el resto de tasaciones que arrojaron un valor inferior, "son un desatino de rigor técnico".

Sobre la moratoria turística, Anadón aseguró que no era de aplicación en el frente de la playa, y recordó que entraba dentro de las "excepciones" que permitía la norma. Al respecto, remarcó que se podían consolidar "los nueve hoteles previstos" en la zona, e insistió en que el deslinde "no era confiscatorio".

Anadón también aprovechó su intervención para subrayar que "no había visto" movimiento por parte de ninguna administración para que este enclave recupere los aprovechamientos que se anularon. "Las parcelas de la 1 a la 11 no son recuperables. Habría que desandar el camino andado. Y ya no se puede porque están afectadas por normas insulares y regionales", sentenció.

El juicio civil trata de dilucidar quién es el titular de las parcelas, después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara en 2007 su compraventa, entre otras cosas por no incorporar al expediente el informe que elaboró Oramas.

Si finalmente el ayuntamiento gana el pleito, ILT, propiedad de Antonio Plasencia e Ignacio González, debería devolver los casi 53 millones que pagó el consistorio presidido por Miguel Zerolo en 2001 por los terrenos, más los intereses generados hasta ahora, unos 17 millones más. Por el contrario, Plasencia y González reclaman más de 100 millones a la Administración municipal por una supuesta pérdida de valor de ese suelo.

La vista civil continúa hoy.

A la espera de la vía penal

El juicio civil que arrancó ayer es previo al que se dirimirá en la vía penal, que puede demorarse hasta el próximo otoño. En el proceso que se inició en el Juzgado de Instrucción Número 6 de la capital tinerfeña, el consistorio defiende la devolución de los casi 53 millones de euros que pagó el ayuntamiento que presidía Miguel Zerolo a Inversiones Las Teresitas (ILT) por los terrenos del frente de playa, tras la anulación de la compraventa en 2007 por parte del Tribunal Supremo (TS).

En la parte penal, cuyo juicio oral se abrió el pasado mes de septiembre, hay un total de 13 acusados, entre ellos el exalcalde de la capital Miguel Zerolo, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, y exconcejales, funcionarios y técnicos municipales. La Fiscalía Anticorrupción solicita 60 años de prisión para los imputados, incluido Zerolo, para el que se piden 8 años.