El Comité de Vigilancia en el East End recorría sin éxito las oscuras calles de Whitechapel en busca de alguna pista que diera con el paradero del temido Jack "el Destripador". Periódicos como el London Daily Post o la revista Puck incrementaban de forma considerable sus ventas y su publicidad recreando las supuestas escenas de los asesinatos.
Cuentan los criminalistas posteriores a la época Victoriana que llegó un momento en el que los lugareños se vieron obligados a normalizar la inquietud y convivir con el miedo como alternativa a la desazón provocada por la ineptitud de la Policía Metropolitana. La historia "del Destripador" no está muy lejos de la nuestra, una vez hemos asimilado que los "crímenes" éticos y morales forman parte del lógico devenir de una sociedad canaria domesticada para soportar que la corrupción y el nepotismo de unos se conviertan siempre en la desgracia de otros.
Mientras que el homicida misterioso merodeaba de noche en busca de la víctima más vulnerable, en el crimen patrio la incuria actúa como un afilado cuchillo contra el 57% de los pensionistas canarios, los que están por debajo del umbral de la pobreza, con pensiones que no alcanzan los 700 euros mensuales. La excusa de que "la crisis económica no tiene piedad" es la misma cantinela que empleaba la Yard cuando evidenciaba su falta de operatividad: "Es como un fantasma imposible de atrapar".
Sus crímenes estaban perfectamente calibrados, tanto como el expolio de parte del territorio regional gracias a la carta blanca de la corrupción urbanística, una droga que ahora paga sus consecuencias en el banquillo. En el mapa del disparate, las luces y sombras de los callejones de Whitechapel nos transportan a la penumbra del borrador de la Ley del Suelo, donde parece que los pelotazos, las prevaricaciones y las licencias a dedo no han sido óbice para apostar por "eliminar" la Cotmac, un elemento de control del territorio al que pretenden jubilar tras los servicios prestados.
Mientras que Jack "el Destripador" escribía cartas en las que retaba a la policía con tono irónico, en la realidad regional los dependientes siguen siendo uno de los colectivos que más sufre los recortes y el desafío de los políticos: sin culpables de que la mitad de los dependientes canarios no tengan prestación y 13.000 esperen por la Ley de Dependencia. Es como en la historia del asesino de East End, donde nunca se encontró al autor material. ¿Realmente nos preocupa que aparezcan en la basura alimentos entregados por servicios sociales? ¿Es un hecho aislado que la ordenanza de guarderías de Santa Cruz excluya la discapacidad?
La particular Yard canaria, en sintonía con la inoperancia de la británica, no ha resuelto aún el caso del acoso escolar, un problema en aumento. Pese al esfuerzo de las administraciones públicas, en los dos últimos cursos se denunciaron 297 casos de acoso escolar, de los que 134 fueron validados.
Al final, los inocentes no tuvieron justicia, ni divina ni terrenal; tampoco el activista saharaui Mohamed Lamin Haidala, fallecido en una cárcel marroquí en circunstancias extrañas y cuya madre sigue reivindicando el caso cada día en la plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria.
@LuisfeblesC