Hoy concluirá el juicio contra el empresario Francisco Javier del Rosario por la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el que es juzgado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Es el único de los cinco industriales acusados en su momento por extraer árido ilegalmente de los barrancos de Güímar que se sienta en el banquillo de la sala 12 del Palacio de Justicia de Santa Cruz. Su defensa se fundamenta, especialmente, en que el cargo de administrador único lo ocupa desde diciembre de 2008, cuando el periodo de actividad que se juzga es anterior. En la tercera sesión, quien fuera secretario municipal, Domingo Hernández, lo señaló como destinatario y receptor de casi todas las comunicaciones oficiales y el "representante legal" de la empresa Áridos del Atlántico.

Además de ser quien negó la autorización al ayuntamiento para acceder a la cantera para su precinto y de no haber rechazado nunca ninguna comunicación, "no había otra persona de referencia" en esta empresa, aseguró el exsecretario.

Rigoberto González, exalcalde, incidió en que el acusado era el administrador único en 2002 puesto que firmó un convenio en el Cabildo en el que aparece como tal "y no dijo que fuera un error". "Claro que sí era el que decidía", dijo rotundo.

Varios agricultores argumentaron los perjuicios a los cultivos causados por el polvo que el viento levantaba en las canteras, así como el daño al Camino Real.

Mónica Díaz, del colectivo ecologista Tabona, y Eustaquio Villalba, de ATAN, coincidieron en señalar a las administraciones como cómplices del daño al no actuar debidamente ante las numerosas denuncias que interpusieron.

La declaración de Francisco Javier Armas, exconcejal y denunciante, coincidió con los anteriores y fue más allá cuando el abogado defensor insistió, como con el resto de los interrogados, en preguntar por el conocimiento que de Miguel Reyes (formalmente, apoderado único de la empresa) tienen los testigos. Por dos ocasiones dijo que el juez instructor, en su momento, no dio importancia a esta figura cuando se le comunicó su insistencia. Curiosamente, ese juez es quien ahora ejerce la defensa del acusado.

Domínguez le pide a Alonso que no mienta

El presidente del grupo popular del Cabildo y del PP en Tenerife, Manuel Domínguez, pidió a Carlos Alonso, presidente de la Corporación insular, "que no mienta ni falte al respeto" atribuyendo al Partido Popular un posicionamiento en contra de la protección ambiental de los barrancos de Güímar y a favor de las personas que han sido condenadas por extraer ilegalmente áridos de las canteras del municipio. Domínguez advirtió a Alonso que el grupo popular se posiciona, "no va por ahí con segundas ni escondiéndose de nadie, sino de frente y con la verdad por delante".

Con la premisa de que "como nos tienen acostumbrados a ir preparando el terreno", se preguntó si el presidente del Cabildo "trata de situar las cosas de manera que se pueda seguir explotando a Güímar para extraer áridos". Domínguez basa sus sospechas en unas recientes declaraciones de Alonso en las que éste señalaba "que Tenerife no cuenta con áridos suficientes para acometer obras como el nuevo muelle deportivo, pesquero, comercial y turístico de Puerto de la Cruz". Por ello, se cuestiona si "es todo esto una artimaña de Carlos Alonso para que siga siendo Güímar la que provea de áridos a las futuras grandes infraestructuras isleñas y, de ahí, su incomprensible cabreo".

Hoy, el PP mostrará en el pleno del Cabildo que deja de apoyar la proposición de ley "porque, tras la sentencia que condena a los que extrajeron áridos ilegalmente, se ha solventado tanto la obligatoriedad de la reparación del daño causado en el territorio como la realización de un plan de restauración que compete a las tres administraciones implicadas: Ayuntamiento de Güímar, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias". Por ello, explicó que de los cuatro millones de metros cuadrados calificados de aprovechamiento minero, solo queda una pequeña parte que pudiera tener derechos extractivos. La propuesta del grupo popular "pasa por aplicar la calificación de suelo rústico de protección ambiental a ese ámbito concreto y permitir en el resto actividades económicas".