El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido a trámite el primero de los dos recursos de apelación presentados por el abogado, Eligio Hernández. En este caso se trata del defendido en representación del exconcejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Santa Cruz, Norberto Plasencia, condenado a tres años de prisión en el caso mamotreto (edificio de aparcamientos y centro comercial situado al principio de la playa de Las Teresitas que fue diseñado por Dominique Perrault).

La sentencia firme de la Audiencia Provincial fue emitida hace casi un año y medio y determina que el edificio es ilegal e ilegalizable y ordena su demolición, que para algunos debe limitarse a la parte que está en dominio público y para otros a la totalidad.

Hernández ha presentado otro recurso idéntico en representación de Loreto Ariz, la técnico del área de Obras, condenada también a tres años de cárcel. En ambos casos el cumplimiento de las penas está paralizado y depende de que se resuelva la petición de indulto solicitada por Eligio Hernández ante el Consejo de Ministros.

A continuación quedaría por decidir en el Tribunal Constitucional otro recurso defendido por el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, condenado igualmente a tres años de prisión.

En su momento, el TC rechazó una primera apelación por haberse interpuesto fuera de plazo, por lo que a continuación se tuvo que presentar la que está pendiente ahora de deliberación.

En el caso de Plasencia, los argumentos para inadmitir su recurso son idénticos a los utilizados con Candelaria Benítez, también condenada en el mismo caso: El TC considera que no existe vulneración de los derechos fundamentales.

Hay que recordar que, habitualmente, el TC inadmite hasta el 98% de las apelaciones presentadas, de manera que ni siquiera entra a analizar el fondo de la cuestión. Los filtros son aún más estrictos desde la reforma del año 2007. Y es que a partir de ese momento se da por hecho que todos los juzgados y tribunales tienen la obligación de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Desde entonces, el TC se ha acorazado aún más para evitar ser utilizado como tercera vía, y defiende su papel de recurso excepcional. En algunos casos esta jurisdicción también sirve como instrumento para ganar tiempo y retrasar la ejecución de las sentencias, especialmente las penas de cárcel.

En estos momentos el derribo del mamotreto depende del Ayuntamiento de Santa Cruz, que lo ejecutará subsidiariamente en nombre de los condenados, que deberán luego hacer frente a los gastos. La Corporación local parece que durante los últimos tiempos asume que el derribo del polémico inmueble debe ser total y por ello ha encargado un proyecto que va en este sentido y otro que solo afecta a la parte que está en dominio público.

No obstante, después de dos informes contundentes y vinculantes que rechazaban un ejecución parcial, se ha emitido otro desde el área de Infraestructuras, en el que se considera que el cumplimiento de la sentencia es inviable y que la demolición podría suponer una prevaricación.