Uno de cada tres dependientes reconocidos, 384.326 de 1,2 millones, no recibe prestación o servicio alguno, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia al cierre de 2015, que denuncia que más de 125.000 personas han muerto en los últimos cuatro años mientras esperaban recibirlas.
El informe evalúa la aplicación de la Ley de Dependencia en cada comunidad autónoma y suspende a doce de ellas. Superan el examen con mejor nota Castilla y León (8,6) y Andalucía (7,5), seguido de País Vasco (6,8), La Rioja (6,1), Castilla-La Mancha (5,7) y Madrid (5,7), esta última aprueba por primera vez en esta escala que se realiza desde hace 9 años.
Las comunidades que suspenden, obtienen las siguientes calificaciones: Galicia, 4,3; Asturias, 3,6; Cataluña, 3,6; Extremadura, 3,6; Cantabria, 3,2; Navarra, 2,9; Murcia, 2,9; Baleares, 2,1; Aragón, 2,1; Canarias, 0,7; y Comunidad Valenciana, 0.
En España, hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5 por ciento de la población, con datos de 31 de diciembre de 2015, explica el observatorio. El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha cuantificado en 2.865 millones el recorte acumulado durante la última legislatura "considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadores familiares". El informe calcula que la aportación de los usuarios o copago es de un 20% sobre el total de gasto directo del sistema, superando a la aportación del Gobierno central. "El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la ley, que establece una financiación al 50 % por parte de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas", denuncia el observatorio.