El anteproyecto de la Ley del Suelo, aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado lunes, tiene el difícil cometido de "simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica" a todas las decisiones que en relación al territorio se tengan que tomar en el Archipiélago y, a su vez, "impedir que se consuma y clasifique" más terreno, pues, como bien apunta en la edición de hoy la consejera de Política Territorial y Medio Ambiente, "¿para qué liberalizar más suelo si hay 54 millones de metros cuadrados urbanizables?". Se trata de una de las leyes más importantes que debe abordar el Parlamento de Canarias en esta legislatura, de ahí, la necesidad de que salga de la Cámara autonómica con el mayor consenso posible. Perderse en estos momentos en cuestiones tales como si en la elaboración del borrador han participado muchos o pocos colectivos, o si antes de llegar al Consejo de Gobierno pasó o no por las formaciones políticas que conforman el Ejecutivo son ganas de enredar para quedarse en lo superficial. Lo fundamental en estos momentos es estudiar bien el articulado de la propuesta y poner sobre la mesa aquellos aspectos que pudieran ser objeto de mejora sin violentar el propósito de la norma. Como siempre, la fórmula para lograrlo es aplicar el sentido común y pensar en los ciudadanos de ahora y los que habiten estas Islas en el futuro. Eliminar la maraña legislativa que existe en la actualidad y aclarar las competencias que tiene cada una de las administraciones ya es un primer paso hacia esa meta.

Siendo importante esa futura Ley del Suelo, no hay que olvidarse de otras cuestiones a las que diariamente han de enfrentarse muchos canarios y que no terminan de solucionarse, precisamente, por chocar con el lento funcionamiento de la administración. Ahí están, por ejemplo, las ayudas a los jóvenes para adquirir una vivienda usada, que permanecen estancadas desde hace siete años para 2.000 de ellos. En un principio fue la crisis la que impidió hacer frente a estas subvenciones, pues no había dinero. Pero ahora que lo hay, el Gobierno canario, según palabras de su vicepresidenta, no ha podido publicar la convocatoria de las ayudas "por un problema administrativo". Después de tanto tiempo esperando y haber recibido en noviembre la promesa de que se haría cuanto antes, apuntar que se es incapaz porque este tipo de ayudas forma parte de un plan estratégico y no se pueden adelantar, atenta claramente contra el sentido común.

Otro aspecto que no se puede pasar por alto es el de la pobreza y sus efectos en la población del Archipiélago. Las afirmaciones realizadas en EL DÍA hace una semana por el presidente de Cruz Roja en Canarias evidencian que la situación, lejos de mejorar, va a peor. Tampoco ayuda al optimismo el debate que sobre esta materia tuvo lugar en el Parlamento de Canarias esta semana. También en este caso el protagonismo fue para la vicepresidenta, Patricia Hernández, que solicitó tiempo para ver si la estrategia que puso en marcha a partir de junio de 2015 da resultados. Habrá que esperar.