El Defensor del Pueblo admitió a trámite la queja presentada por los vecinos de Bajo la Cuesta a consecuencia del "mareo consciente y estudiado a que nos están sometiendo la Dirección General de Costas y el Servicio Provincial de Costas", según explica el abogado de los afectados, José Ortega, quien señala que a dichos departamentos de la Administración central "no les sale de las narices entregarnos copia del estudio geomorfológico encargado en su día por el director general Pedro Antonio Ríos para desafectar la zona", un documento "que llevamos años pidiendo".

La razón es simple: "El solo pensamiento de ver el barrio tranquilo y a sus habitantes felices los pone enfermos, porque sueñan con causar destrucción, desolación y lágrimas".

El 30 de octubre de 2013, los propietarios de unas 50 viviendas situadas en Bajo la Cuesta y construidas en los años setenta "más allá del deslinde establecido por la Ley de Costas de 1969" plantearon el replanteo de dicho límite. Una orden ministerial de 22 de mayo de 2006 aprobó el deslinde de los bienes de dominio público entre la playa de Cho Vito y Barranco Hondo. Ese trazado "supone situar la línea de 1969 tierra adentro de las viviendas", por lo que Costas "supuso que las mismas se habían construido en terreno que ya era dominio público oficialmente delimitado en esa fecha y, en consecuencia, tramitó recuperaciones posesorias y acordó derribos en órdenes que son firmes en vía administrativa, aunque están sometidas a procedimiento contencioso administrativo aún en trámite".

En junio de 2011, en el despacho de la Dirección General de Costas, el subdirector general del momento, Miguel Velasco, confirmó de que cuando se tramitó y aprobó el deslinde de 2006 "no se hizo estudio alguno porque la Administración no estaba obligada a ello, al existir una línea antigua que ya discurría por el mismo trazado". Sería Pedro Antonio Ríos Martínez, director general de Sostenibilidad de la Costa, quien informara a los vecinos de la existencia del estudio geomorfológico que reclaman. En noviembre, Costas decidió realizar un nuevo estudio técnico sobre la totalidad del litoral de Bajo la Cuesta.

La Sala del Tribunal Europeo de Justicia condenó a España a devolver a la Unión Europea (UE) el importe (más los intereses) del paseo marítimo que sustituyó al poblado marinero de Cho Vito, obra que concluyó en el año 2012, tras 24,5 meses de tiempo de ejecución y 923.913,81 euros de inversión. Conocido este hecho, Tomás González, quien fuera portavoz de quienes habitaron este lugar de Candelaria, entiende que "hay quienes tienen que pedirnos disculpas a aquellos a los que se nos conculcaron los derechos humanos y dejaron sin su hogar".

Pero Tomás González se muestra "moderadamente satisfecho" y a la espera de conocer en profundidad la sentencia pero, sobre todo, "a la espera de que se produzcan dimisiones y se exijan responsabilidades a las autoridades complacientes con lo que ocurrió en Cho Vito".

No se salvan ni el PSOE ni el PP, porque si el 7 de octubre de 2008 (fecha en la que se produjo una intervención masiva que demolió 23 viviendas) los socialistas gobernaban el país y el municipio, el 16 de noviembre de 2012 (fecha en la que terminaron de derribar el poblado marinero) el gobierno central lo formaba la mayoría absoluta del Partido Popular. Los primeros iniciaron el proceso y los segundos lo terminaron, "después de estar en Cho Vito y asegurarnos que no pasaría nada". Por eso, hoy Tomás González entiende que procede la dimisión y/o destitución de Carolina Darias (presidenta del Parlamento de Canarias) y de María del Carmen Hernández Bento (senadora), ambas por ser las delegadas del Gobierno en Canarias en aquellas fechas.

"Y queda el caso del exalcalde. El hecho de ser ex esperamos que no suponga que se libre de su responsabilidad en lo ocurrido con Cho Vito", apuntó. González espera aún "más novedades, y positivas, para los vecinos".