El Cabildo de La Palma no solo tendrá que abonar cerca de 400.000 euros al arquitecto Fernando Menis por el reformado del proyecto del auditorio insular, que según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) encargó de forma verbal, sino que además abonó o al menos comprometió otros 723.500 euros con el mismo profesional por la misma actuación.

Este desembolso se firmó por el contrato administrativo de consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de equipamiento, la elaboración de la maqueta, dirección facultativa de las obras y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de esta infraestructura, adjudicado a Fernando Menis tras obtener el primer premio del concurso abierto por la institución insular y que se rubricó el 12 de septiembre de 2006.

El propio arquitecto dibujó el Auditorio "como un elemento pétreo partido e incrustado en el terreno y abrazado por un deslizamiento de tierras que parecen provenir de la Caldera de Taburiente". Lo curioso es que este recurso cultural de primer orden, que tenía un presupuesto de 9.863.700 euros, nunca se llegó a ejecutar o, para ser exactos, apenas se llevaron a cabo trabajos de excavaciones.

Para ese primer pago no hubo, al menos que se sepa, ninguna contrariedad entre administración y el profesional. El proceso judicial se inició con el reformado, presentado el 6 de julio de 2009 y por el que el Cabildo no reacciona de ninguna manera hasta el 25 de abril de 2012. El expediente ocupa aproximadamente cinco armarios y tres cajas.

El Cabildo pide al TSJC aclaración de sentencia

El grupo de gobierno en el Cabildo emitió ayer un comunicado en el que informa de que los Servicios Jurídicos de la institución han solicitado "la aclaración y complemento de la sentencia", advirtiendo de que no va a a realizar "ninguna valoración en tanto que aún se está tramitando la mencionada petición". La aclaración y complemento solicitados versan sobre aspectos tales como la liquidez y liquidación del principal objeto de condena, la determinación del sujeto beneficiario o el pronunciamiento sobre las costas en primera instancia, "lo que justifica que se omita todo pronunciamiento o valoración hasta tanto tales extremos no sean aclarados por la Sala. El gobierno insular muestra "su máximo respeto" para con las decisiones que se acuerden por parte de los tribunales, y aclara que los Servicios Jurídicos "trabajarán para salvaguardar los legítimos intereses de la primera institución insular".