"Acaba la intervención y no se adoptarán más medidas en este sentido; se crea una comisión de seguimiento para aclarar la condición de cada una de las subcontrataciones de Emmasa, principales y accesorias; se desbloquean las inversiones y se inicia el procedimiento para evitar nuevas subcontrataciones sin la autorización del ayuntamiento". Así resumió ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, el acuerdo de la Junta de Gobierno que aprobó un nuevo expediente sobre el ciclo de gestión del agua "con el aval técnico y jurídico". Para el alcalde, "este acuerdo reconduce la situación con la empresa, elimina la conflictividad y garantiza el servicio".
La mencionada comisión estará formada por tres miembros del Consistorio y otros tantos de la empresa para definir en dos meses la calificación de principal o accesoria de las 17 subcontrataciones de cuya supuesta ilegalidad dio cuenta Intervención.
Esta "herramienta de supervisión y control" formulará propuestas de resolución a las discrepancias en la interpretación del contrato; estudiará los problemas de la gestión del servicio y emitirá informes trimestrales; evaluará necesidades; analizará proyectos y solicitudes de subcontratación; propondrá ordenanzas y reglamentos; y dirigirá las relaciones con terceras administraciones.
La Junta de Gobierno decidirá sobre cada obra a realizar por Emmasa. La medida posibilitará "el desbloqueo de inversiones pendientes de ejecutar" por Emmasa, pues el convenio revisado recientemente con Sacyr está vigente.
Bermúdez explicó que todos los técnicos "han descartado la resolución del contrato como mecanismo idóneo para una mejora del servicio. No se dan las condiciones para ello y se apunta a la mejora de los servicios de control y comunicación entre ayuntamiento y empresa, que ya sabe a qué atenerse y tiene una seguridad y unos plazos que cumplir para los trabajos firmados".
También se ha acordado incoar un procedimiento sancionador a Emmasa por incumplimientos en subcontrataciones, que podría ir de 30.000 a 450.000 euros, lo cual deberá decidir el instructor del nuevo expediente. En la vía judicial se mantienen varios contenciosos con la empresa como la sanción de 450.000 euros por subcontrataciones sin autorización, que está ya vista para sentencia.
El alcalde acabó refiriéndose a la tarifa del agua, "congelada hace tres años", que vinculó "al cumplimiento de la empresa" aunque "en un tribunal lo tendríamos perdido porque por contrato hay que subir el lPC anual. Lo miraremos este año y no hay todavía una decisión tomada al respecto".
El contrato de Perrault
La Junta de Gobierno dio ayer inicio a un nuevo procedimiento para la resolución del contrato formalizado en su momento con el arquitecto Dominique Perrault para la dirección de las obras del frente marítimo de la playa de Las Teresitas y, en consecuencia, declaró la caducidad del expediente relativo a la resolución del mismo contrato iniciado en 2011. Ya era sabido, pero el órgano de gobierno la ejecutó formalmente ayer. El acuerdo, que concede un plazo de audiencia al contratista de diez días naturales, también incluye textualmente "avocar la competencia que se delegó con fecha de 13 de julio de 2015 en los concejales delegados en lo concerniente al inicio del procedimiento de resolución del contrato de referencia". La cifra que reclama el arquitecto estaría en torno a unos 300.000 euros y el ayuntamiento asume abonar solo la mitad.