La reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que desestimaba el recurso del Gobierno de Canarias sobre la privatización parcial de AENA cerró una puerta pero abrió otra. El Ejecutivo regional ha decidido aprovecharla y reclamará ante la Justicia la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado para plantear que se le permita intervenir en la gestión de los aeropuertos del Archipiélago, una posibilidad que el alto tribunal contemplaba en su sentencia.
Esta medida -adoptada por acuerdo del Consejo de Gobierno el pasado lunes- se formalizará mediante un recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional que no atendió la pretensión del Gobierno de obligar al Estado a reunir la Comisión Mixta para negociar la gestión de los aeródromos, algo a lo que se había negado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Con la sentencia del TS como aval, la Administración autonómica espera que en esta ocasión los tribunales le den la razón, indican fuentes del Ejecutivo, que precisan que el objetivo es promover la cogestión de estas instalaciones o la recuperación de algunos servicios perdidos tras la privatización del ente estatal.
Aunque rechazaba que la venta de parte del capital de AENA supusiera una vulneración de las atribuciones autonómicas, el Tribunal Supremo sugería que, una vez consumada la operación, el Gobierno de Canarias "podría reivindicar, esgrimiendo su competencia ejecutiva, la gestión de determinados servicios" aeroportuarios. El argumento legal para ello se encuentra en el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 33.13 recoge que la Comunidad Autónoma ostenta la competencia ejecutiva sobre la gestión de los aeropuertos de interés general, siempre que el Estado no se reserve su gestión directa.
Es en este aspecto donde, según el Supremo, podría producirse una "lesión" de las competencias estatutarias, y no en los acuerdos del Consejo de Ministros de 2014 que dieron lugar a la privatización del 49% del capital de Aeropuertos Españoles Navegación Aérea, cuya impugnación por parte del Gobierno autonómico -presidido entonces por Paulino Rivero- fue resuelta de forma desfavorable por el alto tribunal.
Según el TS, la venta efectiva de una parte de AENA "podría dar lugar a un requerimiento competencial" que tomara como "punto de partida" la enajenación del capital que los acuerdos del Consejo de Ministros autorizaron.