El pleno del Parlamento de Canarias se reanudó en la mañana de ayer con una comparecencia de la consejera de Obras Públicas y Transportes, Ornella Chacón (PSOE), a petición de NC, que acabó con la confirmación de que el Ejecutivo recurrirá en el Tribunal Constitucional la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la privatización de los aeropuertos y estudiará los resquicios abiertos por la reciente del Supremo (10 de febrero) para tratar de lograr la cogestión de los aeródromos isleños. Lo hará pese a que ambos fallos derrumban las tesis regionales, si bien tiene el apoyo de todos los grupos salvo el PP.
Fue la portavoz de los conservadores, Australia Navarro, la que advirtió de que se siga usando la vía judicial para derribar una privatización que, según recalcó, es "escrupulosamente legal". La diputada subrayó que, frente a los augurios, no se han cerrado los aeropuertos de La Palma, La Gomera o El Hierro. Insistió en que se trata de una privatización minoritaria (aunque del 49%) y que, desde entonces, han mejorado los datos en los aeródromos, aparte de resaltar que el recurso perdido ante el Supremo le supondrá a la Comunidad el pago de costas (4.000 euros, según aclaró luego Román Rodríguez).
Todos los grupos se mostraron muy críticos con el PP. Chacón, de hecho, concluyó que se confirmaba su soledad y coincidió con el resto en que los aeropuertos resultan estratégicos. Por eso, insistió en que tratarán de buscar los resquicios y opciones jurídicas para lograr cuotas de cogestión pública, pero, además, por la vía de la negociación.
Sobre esto, Rodríguez advirtió de que la opción política solo tiene sentido si el PP queda fuera del Gobierno central. El líder de NC recalcó que 4 de los 8 aeropuertos canarios son rentables y los otros 4 se ven compensados por esos beneficios. A su juicio, quien comenzó el proceso privatizador fue Zapatero por las exigencias de la UE en 2010 de hacer una reforma laboral y privatizar empresas públicas rentables, como la lotería y Aena, ya que, de lo contrario, no interesarían.
En una línea similar se pronunció Juan J. Márquez (Podemos), quien lanzó duras críticas al PP y presentó la recuperación de la gestión pública de los aeropuertos como clave para más soberanía e integración de las islas periféricas.
Jesús R. Ramos (ASG) subrayó que La Gomera solo cuenta con 2 aviones al día que enlazan con Tenerife y pidió un esfuerzo para lograr vuelos internacionales para esta isla y El Hierro. El socialista Gabriel Corujo responsabilizó de la privatización solo a Rajoy y censuró que no se limitase a aeropuertos deficitarios, argumento que explotó con más fuerza Juan M. García Ramos (CC), si bien dejó claro que había sido el PSOE el iniciador. Eso sí, respaldó a Chacón, censuró la privatización, avisó, como NC, sobre el riesgo de cierre de aeropuertos menores y mostró su escepticismo ante la exigencia histórica de tener las competencias en puertos y aeropuertos.
Uno de los debates más duros de ayer se produjo a raíz de la intervención de la diputada del PP Águeda Montelongo sobre el reciente informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las entidades gestoras de la producción y distribución de agua potable, análisis solicitado por el Grupo Popular en el Congreso. Montelongo llegó a hablar de "escándalo del agua" y hasta dijo que temía que se tratase de algo incluso peor que lo ocurrido con la TV canaria. Según recordó, el informe es especialmente crítico con la gestión y la pérdida de agua "en el mar, barrancos o aceras" de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Unas islas que, según el análisis, habrían perdido 142 millones de euros, con un 37% del agua total en Fuerteventura y 30 millones en este caso. La diputada conservadora fue especialmente crítica con el expresidente majorero Mario Cabrera, que habló ayer en nombre de CC, censuró que se hicieran contratos verbales, enumeró diversas irregularidades, insinuó que la situación será peor al analizarse la desalación, insistió en que la Comunidad sí tiene competencias y tildó de impresentable que se pierda dinero así y se exijan más millones para agua.
El resto de grupos, encabezados por el propio consejero del área, Narvay Quintero, contextualizó las pérdidas en el incumplimiento del convenio estatal y los recortes del PP, al tiempo que recalcaron que las competencias son insulares y locales, con la excepción de Podemos, que sí reclama medidas de carácter regional. Además, Quintero subrayó que los cabildos han presentado alegaciones al informe y ya han corregido cuestiones.
Educar en igualdad y portal de transparencia
Pese a que el segundo día suele ser menos sustancial, ayer hubo mucho contenido. Entre otras cuestiones, todos los grupos mostraron su apoyo al programa para educar para la igualdad que ha preparado la consejería de Educación. La consejera, Soledad Monzón, incluso tuvo que interrumpir su intervención, al sentirse un tanto desbordada y emocionada, reanudándola después de que se analizara el nuevo portal de transparencia estrenado el pasado 24 de febrero. En este caso, Aarón Afonso, responsable de Justicia y Presidencia, resaltó la modernidad, simplificación para personas poco instruidas en internet, discapacitados y otras ventajas del sitio. El PP, por el contrario, puso en duda la apuesta real del PSOE por la transparencia tras rechazar la ley nacional, mientras Podemos echa en falta contenidos mucho más relevantes y CC resalta los avances pero lamenta que las retribuciones de cargos sea lo más consultado hasta ahora.
Agricultura ecológica y camareras de piso
Narvay Quintero, a petición de su grupo (CC), también compareció para resaltar los avances en agricultura ecológica en las Islas, la apuesta por ecocomedores en colegios y las medidas de apoyo para el futuro de estos productores. La mayoría de grupos se mostraron de acuerdo con este respaldo, pero Podemos censuró la incongruencia de que se hable de ecología tras respaldarse la petición del Cabildo palmero de reactivar un turismo que creen de masas para esa isla, La Gomera y La Palma, visión que contrasta con la de CC, PSOE, PP y ASG, con NC en una posición intermedia. Además, volvió a constatarse la casi unanimidad sobre las medidas contra la violencia de género, por lo menos en la censura, pues también se criticó al PP. Se apoyó una iniciativa de Podemos para pedir que la endometriosis (enfermedad de la mujer que puede impedir la maternidad) sea incluida entre las incapacitantes en algunos de sus 4 grados; se aprobó una PNL de todos sobre sanidad mortuoria y una del PP sobre Autoridad de Bienestar Animal. Además, se criticó de nuevo la carga de trabajo de las camareras de piso (el 30% del personal del turismo), esta vez con una respaldada PNL de Podemos, que habló de "esclavitud de menos de un euro por habitación", y el PSC logró (no sin encontronazos entre Carolina Darias y Gustavo Matos, ambos socialistas) que se pida que el "papel 0" en la justicia se aplique de forma más pausada.