La juez Beatriz Méndez Concepción ha dictado una nueva providencia en la que ordena al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a derribar la "totalidad" del edificio de aparcamientos ubicado a la entrada de la playa de Las Teresitas, conocido popularmente como "mamotreto".

Es la cuarta vez, en algo más de un año, que el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife pide al consistorio que preside José Manuel Bermúdez que ejecute la sentencia firme de la Audiencia Provincial de 20 de noviembre de 2014.

La primera ocasión fue en un auto del 18 de diciembre de ese mismo año, es decir, menos de un mes después del fallo definitivo, y el consistorio inició el expediente de demolición de la parte de la construcción que invadía la servidumbre de protección.

También ordenó la elaboración de un informe a la Dirección Técnica de la Gerencia de Urbanismo sobre la parte de la construcción que no invade la citada servidumbre.

Con posterioridad -6 de abril de 2015-, y como quiera que el ayuntamiento no había procedido al derribo, a pesar de la constante batalla política que ha mantenido la oposición, la magistrada dictó una primera providencia expresando "con total claridad que el pronunciamiento principal es la demolición total de toda la edificación". Ante esto, el ayuntamiento remitió al Juzgado un informe jurídico sobre la situación urbanística de la zona.

Siete meses después -9 de noviembre de 2015-, y en otra providencia, el Juzgado volvió a requerir al ayuntamiento, en una segunda providencia, para que cumpliera con la sentencia firme.

En la última, del pasado 1o de marzo, la Juez eleva el tono y tras remarcar que ha hecho las aclaraciones oportunas al consistorio, advierte de que "no valorará ni se pronunciará" sobre cada informe que pudiera ser emitido por cada jefatura de servicio o dirección general afectada por la ejecución sentencia, sino únicamente de las resoluciones que la corporación local, "como entidad pública", adopte, comunique al juzgado y que pudieran afectar a la ejecución de la sentencia.

Es más, la magistrada recuerda que "el incumplimiento de una resolución judicial podría dar lugar a la comisión de un delito de desobediencia grave".