Los empresarios de Canarias sostienen 686.000 empleos, incrementan cada año 20.000 puestos de trabajo y aportan al PIB, anualmente, aproximadamente 1.000 millones de euros de riqueza.
Esto no implica que los empresarios quieran un especial reconocimiento, pero tampoco que sean el blanco de todo francotirador mediático bajo la bandera del "no a todo".
En Canarias aún tenemos 297.000 parados, o emprendedores a la espera de una segunda oportunidad, y esa podría venir a mayor velocidad si se reactiva la inversión pública en infraestructuras.
En Tenerife, por ejemplo, hay mucho por hacer, destacando el cierre del anillo insular de carreteras o energético, mejoras en las autopistas TF1 y TF5 en materia de accesos urbanos, el puerto de Granadilla, la modernización de los aeropuertos, nuevos enlaces norte-sur, conexiones rápidas entre el área metropolitana y las zonas turísticas del Norte y Sur de la Isla.
A todo esto habría que añadir las mejoras en comunicación, medioambiente, marítimas y aéreas, que elevarían a Canarias, junto a sus incontestables bondades económico-fiscales, a un nivel de competitividad adecuado para mejorar el exceso de desempleo que padecemos.
Las infraestructuras son, sin lugar a duda, la más eficiente y rápida locomotora del empleo en Canarias, y posibilitaría que la empresas creen empleo más allá del sector servicios, para lo que necesitamos las mejores instituciones públicas con sus presupuestos bien saneados.
Comprometidos como estamos los empresarios y la administración pública en no consumir más suelo del necesario, alguien debería valorar lo justo a ese grupo del "no a todo" y tomar decisiones con la cabeza puesta exclusivamente en el futuro de las Islas y de las familias canarias, limitando el alcance de demandas minoritarias orientadas a paralizar la administración y, por extensión, la riqueza y el empleo.