Los últimos datos hechos públicos por el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, referidos a 2015, evidencian una realidad preocupante, sitúan a Canarias como la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de víctimas de violencia de género, solo por detrás de Baleares. En las Islas se registraron el año pasado 71,1 víctimas por cada 10.000 mujeres, casi 20 puntos más que la media nacional, que fue de 52,13 víctimas. Según el citado órgano del CGPJ, el Archipiélago es una de las regiones con mayor número de denuncias en términos porcentuales, lo cual también revela que va calando entre la población la importancia que tiene en estos casos trasladar a las autoridades policiales y judiciales lo que está ocurriendo. No se puede poner en duda el trabajo que en este sentido viene realizando la directora del Instituto Canario de Igualdad, Marián Franquet, ni su compromiso con el objetivo de poner fin a esta lacra, pero estos datos sí deben servir para reflexionar, de forma sosegada, sobre los motivos que han provocado que las Islas encabecen este desdeñable ranking. Partiendo de que es una labor que afecta a todos, convendría que ese periodo de análisis acabara en un gran pacto político en las Islas en cuanto a las medidas a aplicar, sobre todo teniendo en cuenta que sus resultados pueden demorarse más de lo deseado. Baste como ejemplo el dato conocido esta semana, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado día 8 de marzo, de que la brecha laboral que existe entre hombres y mujeres apenas se ha reducido en 0,6 puntos porcentuales en 20 años.

También conviene aprovechar el polémico paso por Santa Cruz de un ahora más conocido "youtuber", para meditar sobre el uso que algunos colectivos están dando a las redes sociales y, sobre todo, el consumo que hacen de las mismas los menores. No se trata de cercenar la libertad individual de colgar en las diversas plataformas lo que se estime conveniente, sino de asumir cada uno la responsabilidad que le corresponde con el fin de evitar, a posteriori, tener que lamentarse. Por parte de las administraciones, está claro que deberán estar más atentas a lo que programan y ofrecen. Y, por parte de los padres, ya no solo conocer el contenido de los espectáculos a los que acuden sus hijos, sino prestar más atención a su educación para que adquieran el suficiente criterio y sepan discernir lo que está bien de lo que no.

La anterior controversia, no exenta de importancia, provocó que apenas tuviera eco la situación en la que se encuentran cada vez más indigentes en Santa Cruz. El propio alcalde, José Manuel Bermúdez, hizo esta semana un llamamiento al Gobierno de Canarias para que se implique, en una acción coordinada con el Cabildo de Tenerife, en la búsqueda de una solución a las personas sin hogar que hay en la ciudad. Aunque, según los datos oficiales, el número de individuos en esta situación supera los 200, algunas ONG hablan de más de 500, provenientes incluso de otras islas. Por ello se precisa de una actuación conjunta de todas las administraciones, pues la capital no puede hacer frente sola a este fenómeno.