A los empleados de la administración pública se les diseñó un estatuto laboral singular como instrumento de defensa para protegerles de la arbitrariedad de los socios transeúntes del poder político. Pero, con el tiempo, el sistema de protección derivó en un estatus especial dotado de privilegios que tienen muy poco que ver con garantizar su independencia.

Jubilación anticipada, pluses, prestaciones sanitarias especiales o -en algunos casos- un sistema de pensiones "ad hoc" son sólo algunas peculiaridades que alcanzan a buena parte de los tres millones de personas que trabajan para las distintas administraciones de este país. Miles de funcionarios tienen reservadas sus plazas mientras den el salto a la vida política, donde acumulan antigüedad y suben de nivel y de retribuciones. Hay casos para llenar dos sacos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el 60% de los salarios del sector público están por encima de los 2.071 euros (datos de 2011). Seis de cada diez empleados públicos cobran más de dos mil euros, frente a un sector privado mileurista donde sólo dos de cada diez trabajadores están por encima de ese ratio. Eso desmonta el extendido mito de que el sector público está peor pagado que el privado. Claro que la realidad es que ambos, los sueldos públicos y privados en España, son escandalosamente más bajos que los de los países de la Unión Europea con los que debemos compararnos.

El Gobierno de Canarias ha aprobado una medida para dar la baja por maternidad a las empleadas de la Comunidad Autónoma a las 37 semanas de embarazo. No han faltado quienes consideran que la medida es una ofensa a la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos, por cuanto discrimina a las mujeres que trabajan en el sector privado. Lo ven como una parida política sobre las parturientas, siempre y cuando estén en plantilla.

En la administración no es normal que una embarazada llegue a las 37 semanas de gestación trabajando. Se suele coger antes una baja. Fijarlo como un derecho no es más que transformar en permiso de maternidad lo que de común son bajas, que suma tres semanas a las 16 ya existentes para el resto de ciudadanas. En el mundo privado, las mujeres que trabajan prolongan su actividad hasta el límite de tiempo que les permite el embarazo, luchando con uñas y dientes por conservar su puesto y defender sus intereses futuros. Eso también ocurre.

La medida del Gobierno canario supone convertir en derecho lo que es ya una práctica en la administración. Pero como en la película de Expediente X, la verdad está ahí fuera. La verdad está en una sociedad donde las mujeres siguen penalizadas laboralmente por algo tan fundamental como es tener un hijo en un país envejecido, donde resultaría estratégico incentivar la natalidad. No es un error lo que hace el Gobierno. Es un error que se empiece donde menos hace falta y sólo para que algunos digan que se trata de otro privilegio más para la burocracia.