La mitad de las 1.819 quejas tramitadas por el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, en 2015 fueron sobre dependencia. Saavedra advirtió ayer de que en Canarias sigue habiendo "retrasos considerables" en la aplicación de la Ley de Dependencia, especialmente en lo relativo a la certificación de los grados y los PIA (Programa Individual de Atención).
En la presentación de la memoria correspondiente al año 2015, Saavedra incidió en que para aumentar el número de beneficiarios hay que incrementar los fondos.
Se mostró molesto con que "la gente se pelea" por los recursos del IGTE o las inversiones y no tienen "sensibilidad humana" cuando, en su opinión, los servicios sociales deben ser una "prioridad".
En esa línea, puso como ejemplo una queja recibida en el mes de febrero por un ciudadano de 91 años que inició el expediente de dependencia en 2009, fue certificado como gran dependiente en 2010 y aún no dispone de PIA. "Me acongoja", apuntó.
Además, dijo que en el archipiélago se sigue "perdiendo dinero" del Estado al no incorporar a los dependientes al sistema nacional (solo lo han hecho seis ayuntamientos de La Palma), y recordó el "error o engaño" surgido en 2014 cuando se "inflaron las cifras" en el informe que realiza el Imserso hasta que fue descubierto por la asociación de directores de servicios sociales.
Saavedra sí valoró, en cambio, la mejoría en la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que era un "agujero negro" porque los fondos se gastaban en abril, gracias al crédito extraordinario solicitado por el nuevo Ejecutivo y a la mejor previsión de las cantidades anuales.
Lo mismo ha sucedido con la "Hipoteca Joven", que ya está "casi al día" con los beneficiarios, si bien ha dibujado un panorama "preocupante" en Canarias, motivo por el cual se organizarán unas jornadas monográficas en mayo.
En cuanto a las quejas tramitadas por la institución, detalló que suben un 10,3% hasta un total de 1.819, relacionadas principalmente con Justicia, Economía y Hacienda y Servicios Sociales, con predominio de la isla de Tenerife (más del 50 por ciento de sus quejas están relacionadas con dependencia).
Saavedra remarcó también que las actuaciones del Diputado del Común aumentaron casi un 3% hasta rondar las 20.000, "con la misma plantilla y el mismo presupuesto", y se mostró orgulloso de que se haya logrado recuperar 190.385 euros por cobro indebido de tasas o tributos municipales.
Más de 11.000 consultas presenciales
El Informe Anual 2015 del Diputado del Común arroja que 11.096 personas realizaron consultas de manera presencial, 7.615 por vía telefónica y 1.243 por medios electrónicos.
Asimismo, dijo que ya no hay "quejas vivas" anteriores a 2011 y que muchas administraciones funcionan "mejor" tras los cambios impulsados por las elecciones locales, si bien ha mostrado "desánimo" porque algunas siguen obstruyendo la información.
Por ello, el año pasado el Diputado del Común remitió 424 resoluciones recordando el deber legal de colaborar con las investigaciones, 108 advertencias de declaración de obstruccionismo y presentó 8 declaraciones de obstruccionismo ante el Parlamento de Canarias.
Los afectados fueron los ayuntamientos de La Aldea de San Nicolás de Tolentino y Telde, en Gran Canaria, La Oliva (Fuerteventura) y Los Llanos de Aridane en dos ocasiones (La Palma) por cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo, más otras dos al Colegio de Procuradores de Las Palmas de Gran Canaria.
El Diputado del Común lamentó que la Fiscalía no actúe en casos de obstrucción de la información, pero sí ha destacado que intervenga en expedientes donde la institución "huele algún indicio de penalidad", como ha ocurrido en algunos casos en Puerto de la Cruz, Fuerteventura o la gestión del agua en Lanzarote.
Saavedra señaló que por iniciativa del Diputado del Común, la Defensora del Pueblo ha logrado modificar las normas estatales que regulan el empadronamiento en los ayuntamientos.