El Gobierno de Canarias ha declarado como estratégicos 68 proyectos de inversión desde mayo de 2015, cuando entró en vigor la legislación que permite que estas iniciativas vean recortados a la mitad los plazos administrativos para su puesta en marcha.
El viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán, que compareció ayer en comisión parlamentaria para informar sobre estos proyectos, negó que esta facultad del Ejecutivo de acortar los plazos para determinadas inversiones sea "una puerta de atrás" para sortear requisitos administrativos, como sostuvo el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez.
Entre los proyectos declarados como estratégicos figura la instalación de una planta de biomasa para generar electricidad mediante la quema de residuos en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta declaración se produjo en septiembre de 2015 a pesar de que cuando el Gobierno aprobó esa decisión en septiembre ya existía desde julio un informe de la Consejería de Sanidad contrario a esa instalación por sus posibles efectos negativos en la salud humana, denunció Rodríguez.
Otra planta similar en Granadilla también ha sido declarada como una inversión estratégica por el Gobierno de Canarias.
El portavoz de NC también planteó dudas sobre cómo es posible que el Gobierno de Canarias declare como estratégico un proyecto que contradice sus planes sectoriales de energía, que en teoría deben basarse en las energías renovables, no en la combustión de residuos.
Barragán contestó que la biomasa "no está vilipendiada por los ecologistas, ni siquiera Greenpeace plantea un ataque directo" contra esa forma de generación de energía, y añadió que el Ejecutivo regional no puede limitar una inversión solicitada si cumple los requisitos legales.
"Solo se acortan los plazos", los requisitos medioambientales o territoriales son los mismos que para cualquier inversión, así que esta declaración de interés estratégico no es una puerta trasera para saltarse la legalidad, insistió.
Román Rodríguez reiteró su oposición a la ley porque da discrecionalidad al Gobierno para decidir cuáles son inversiones estratégicas y cuáles no, de manera que se genera desigualdad, y recordó que el propio presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, había anunciado su desacuerdo con la ley y su derogación.
También Jorge Rodríguez, del PP, mostró su oposición a este sistema que introduce "discrecionalidad y arbitrariedad" en la actuación del Gobierno de Canarias y defendió que lo que hay que hacer es acortar los plazos administrativos para todas las inversiones por igual.
De los proyectos que han pasado el filtro del comité de inversiones, 56 tienen que ver con la energía, once con el turismo y uno con investigación y desarrollo para la recuperación de plásticos como combustible.