Las intérpretes de lengua de signos denunciaron ayer la situación de "precariedad" en la que están prestando sus servicios en la Universidad de La Laguna. Estas profesionales, que se encargan de acompañar a los estudiantes con problemas de audición para que puedan recibir docencia en las mismas condiciones que el resto, explican que han presentado reiteradas quejas por el retraso durante meses en el pago de sus servicios, que ofrecen en calidad de autónomas, y por las tarifas impuestas por la institución.

"Esta situación viene sucediendo desde hace años, pese a las continuas reclamaciones y propuestas de mejora presentadas por las intérpretes de la ULL, sin que el Vicerrectorado de Alumnado y el Negociado de Servicios Asistenciales se hayan dignado a prestar la merecida atención a esta cuestión, que vulnera, en última instancia, los derechos fundamentales a la educación de las personas sordas", denuncian.

Las intérpretes lamentan que se las obligue a "estar dadas de alta como autónomas y a cobrar la tarifa que dicta la universidad", hecho que "afecta negativamente a su situación laboral, ya que a pesar de cumplir fielmente con su desempeño y ejercer profesionalmente este servicio, no cobran ni los honorarios estipulados al efecto a nivel autonómico por la asociación de intérpretes de lengua de signos y guía-intérpretes de Canarias, ACAILSE, ni lo hacen dentro del tiempo que la ley contra la morosidad estipula", pues llegan a permanecer "hasta dos meses y medio sin cobrar".

El vicerrector de Estudiantes, Alfonso Miguel García Hernández, reconoce que la situación de este colectivo no es la mejor, pero achaca los problemas a la burocracia. La ULL cubre las necesidades de los alumnos con dificultades auditivas a través de una bolsa de intérpretes que en estos momentos está compuesta por alrededor de doce profesionales. Este año el Vicerrectorado recibió muchas negativas de las integrantes de esta bolsa para asumir el trabajo, explica García. El responsable admite que el retraso en el cobro del salario, que siempre se abona, es consecuencia de los plazos impuestos en las dos convocatorias que saca cada año la ULL, una a principio de curso y otra en el mes de enero. Se trata de un procedimiento "heredado", que dilata el ingreso y pone en apuros a las intérpretes. Según estas, el salario mínimo mensual que reciben en la ULL es de 700 euros brutos, de los cuales deben descontarse la cuota de la Seguridad Social, que en este caso oscila entre 187 y los 265 euros", y los recargos por el retraso. El precio de la hora de trabajo en la institución es de 15 euros, según el Vicerrectorado.

Muchos años en la misma situación

El colectivo de intérpretes de lengua de signos asegura que los diferentes departamentos implicados de la ULL no han aportado ninguna solución a pesar de sus quejas y del alumnado sordo, que ya está previendo el aumento de sus barreras educativas al no tener intérpretes que puedan o quieran hacerse cargo del servicio. Las quejas, insisten, no son nuevas, sino que se remontan mucho tiempo atrás.

Apoyo de la asociación autonómica

La asociación de intérpretes de lengua de signos y guía-intérpretes de Canarias, ACAILSE, respalda la reivindicación de estos trabajadores porque "es consciente de que la situación perjudica gravemente" a una profesión que es aún desconocida por gran parte de la sociedad. "Las condiciones en las que se está trabajando (sin descansos suficientes, sin horas de preparación...) perjudican seriamente la salud de las profesionales, así como la calidad interpretativa. La accesibilidad es un derecho que se está viendo afectado por la vulneración de otro de igual importancia: el derecho a un trabajo digno", expone el colectivo.

Promesas de mejora

El vicerrector es consciente de que la situación no es la mejor y está afectando a la hora de encontrar profesionales, y asegura que el centro estudiará una fórmula nueva.