La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha desaprobado este jueves la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de prorrogar por 60 días del decreto de emergencia económica en todo el país, mientras que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha declarado la constitucionalidad del Decreto por el que se aprobó dicha prórroga, generando así un nuevo conflicto de poderes en el país.

El Gobierno de Venezuela prorrogó a principios de esta semana el decreto de emergencia económica aprobado el pasado mes de enero por Maduro, con el que busca hacer frente a la "guerra económica" que supuestamente sufre el país caribeño orquestada desde sectores de la derecha nacional e internacional.

Pero este jueves, la Asamblea Nacional negó en la sesión permanente la solicitud formulada por el Ejecutivo Nacional, de la aprobación de un Decreto de Emergencia Económica, para enfrentar la grave crisis que atraviesa el país, si bien ha ofrecido su apoyo para solventar la crisis nacional, mediante el estudio de iniciativas legislativas provenientes del presidente de la República "y mediante sus propios aportes para corregir el rumbo estatista y rentista de la política económica imperante".

Al mismo tiempo que el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, rechazaba el decreto dictado por Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo se pronunciaba a favor del mismo aludiendo al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual "El Decreto que declare el estado de excepción (...) será presentado (...) a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad".

La decisión, alega que el Decreto atiende "de forma prioritaria" aspectos de seguridad económica, "que encuentra razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual", y añade que "resulta proporcional, pertinente, útil y necesario" para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, "ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional".

La Sala Constitucional destaca que le corresponde garantizar "la supremacía y efectividad" de las normas y principios fundamentales, en su condición de "máxima y última intérprete" de la Carta Magna, y advierte de que, en consecuencia, sus decisiones sobre dichas normas y principios "son estrictamente vinculantes".

Por su parte, Nicolás Maduro ha lamentado la decisión de la Asamblea Nacional a la que ha acusado de tomar "un rumbo errático" y enfatizó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha resuelto que el decreto "está plenamente vigente por las razones que ha sido activado, para proteger al país nacional e internacionalmente".

"Lo rechazo, lo lamento y estoy seguro de que va a tener el repudio de la opinión publica", dijo Maduro. "Lo lamento por que he hecho mil llamados pero parece que la agenda politiquera se impone, no se ve el país, el poder político que han (la oposición) obtenido allí (en el Parlamento) circunstancialmente se ha mal utilizado en diatribas donde se pierde el tiempo", agregó.

EL RECHAZO DEL PARLAMENTO.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup (Unidad-Distrito Capital), sometió este jueves a votación de la Cámara, la solicitud enviada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la aprobación del Decreto de Emergencia Económica, la cual resultó negada, y con la cual finaliza la convocatoria a sesión permanente*que había sido convocada a tal fin.

Cumplido el objeto de la sesión permanente, el máximo representante del Poder Ejecutivo Nacional, informó de que la directiva de la Cámara oficiará a Nicolás Maduro, la decisión tomada por la AN.

Con esta cesión, queda rechazada definitivamente la solicitud formulada por el Ejecutivo Nacional, de la aprobación del Decreto de Emergencia Económica número 2.184 del 14 de enero ante la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el segundo vicepresidente de esa instancia legislativa, diputado José Simón Calzadilla (Unidad-Aragua), presentó un proyecto de acuerdo a la consideración de la plenaria, en la que ofrecen su concurso para solventar la crisis nacional, mediante sus aportes a fin de corregir la política "estatista y rentista", así como el rumbo económico imperante.

Antes de rechazar el decreto, la Asamblea celebró el pasado 13 de marzo una sesión especial, para examinar "la solicitud de prórroga", en la se acordó por unanimidad que el órgano legislativo se declarara en sesión permanente a fin de pronunciarse sobre la solicitud del pesidente de la República, "ya que era necesario contar con información suficiente para poder adoptar una decisión sobre el asunto".

Por tal motivo, se requirió la comparecencia del Vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, la cual tuvo lugar el 15 de marzo, y en la que éste no aportó sin embargo "información objetiva relevante" sobre la necesidad de prorrogar el estado de emergencia económica, según consta en el acuerdo de desaprobación, consultado por OTR/Press.

Destaca al respecto que en su comparecencia, el vicepresidente afirmó "no poseer información sobre las variables de la economía venezolana" y solicitó que se invitara al presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, para que aportara los datos fundamentales. Sin embargo, el máximo representante del banco emisor no compareció el jueves ante la Asamblea Nacional.

Al respecto, el diputado Juan Andrés Mejías (Unidad-Miranda), advirtió de que tomarán las medidas establecidas en el artículo 319 de la Constitución Nacional en la que se designan a las autoridades del Banco Central de Venezuela y que procederán a nombrar en esos cargos "a personas competentes que sí estén dispuestos a darle respuesta a los venezolanos".

Mejías adelantó que la AN citará nuevamente al presidente del banco emisor, pero precisó que ya no será para que explique el estado actual de la economía venezolana sino para que aclare al país si está dispuesto a cumplir con la Constitución y a acatar la ley. "De no ser así tomaremos las medidas establecidas en la Carta Magna", aseguró.

PODERES EXORBITANTES AL GOBIERNO

El acuerdo por el que la Cámara rechaza la prórroga del decreto de emergencia económica también destaca que la solución de los graves problemas que afectan a la economía venezolana no radica en el "otorgamiento de poderes exorbitantes a un Gobierno ya favorecido por una enorme concentración de poderes, sino en una rectificación profunda de las políticas económicas sostenidas hasta el presente".

Añade en tal sentido que no se observa en el Ejecutivo ningún propósito de "rectificar los graves errores" cometidos en el diseño y aplicación de la política económica, "siendo el pueblo de Venezuela el que sufre las consecuencias de estos desaciertos" y subraya que la Constitución de Venezuela es "categórica" al establecer que la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional como también lo es al señalar que el presidente de la República podrá "solicitar" la prórroga de los mismos.

"En un Estado de Derecho es inadmisible que pueda mantener vigencia la declaración de un estado de excepción después de que la correspondiente solicitud de prórroga del presidente de la República haya sido denegada por el órgano parlamentario constitucionalmente facultado para pronunciarse sobre la aprobación de tal solicitud", concluye el acuerdo.