El Gobierno canario aprobó en octubre de 2010, en lo más crudo de la crisis económica, un conjunto de medidas extraordinarias encaminadas a reducir el gasto del Ejecutivo y de todo el sector público autonómico. Lo que pudo parecer en su inicio una iniciativa coyuntural se ha convertido con el tiempo en un plan estructural, como lo ha puesto de manifiesto su publicación en cada uno de los siguientes ejercicios.

Ese carácter permanente ya es oficial: el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer los "criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y el uso eficiente de los recursos" en la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, empresas públicas y fundaciones. El texto confirma que el acuerdo de 2010, "más que albergar medidas de carácter extraordinario o coyuntural, recoge -en gran medida- el núcleo esencial de aspectos propios de la política pública de racionalización del gasto".

Aunque estos criterios se refieren al año 2016, el Ejecutivo aclara que sus efectos "se prorrogarán automáticamente por periodos anuales". "En el actual contexto social y económico, en el que la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria ha sido consagrada constitucionalmente (en referencia a la reforma del artículo 135 de la Carta Magna acometida en 2011 por acuerdo de PSOE y PP), las administraciones públicas deben actuar de la manera más eficiente posible, impulsando actuaciones y medidas que impacten positivamente en la racionalización del gasto, así como comportamientos alineados con la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos", señala el acuerdo adoptado por el Gobierno el pasado 22 de febrero y publicado ahora en el BOC.

El plan incluye diferentes tipos de medidas. Un primer bloque comprende las dirigidas a gestionar de forma racional los inmuebles administrativos y su suministro energético. Así, establece la necesidad de aprovechar en lo posible la luz natural, emplear equipos LED, apagar las luces cuando no sean utilizadas o no abusar del aire acondicionado.

En cuanto a las medidas orientadas a los "métodos de trabajo, normalización y racionalización de la gestión administrativa", el acuerdo prohíbe con carácter general el abono anticipado de las subvenciones públicas -con algunas excepciones, como los casos de un especial "interés público"-, promueve la formación de los empleados públicos por medios telemáticos, determina que la tramitación electrónica "debe constituir la actuación habitual de las administraciones públicas", fomenta las videoconferencias y restringe el uso del material.

Los departamentos y organismos públicos deben revisar, acorde al plan, la necesidad de sus líneas de telefonía móvil. Asimismo, han de procurar la reutilización de los sistemas informáticos y el software. Los procesos de contratación tienen que estar caracterizados por la "eficiencia" y las adquisiciones deben realizarse de manera centralizada.

El acuerdo incluye medidas en materia sanitaria, como la prescripción por receta electrónica y el uso de genéricos.

Indemnizaciones por cese de altos cargos

Una de las medidas que ya se practicaban y que el acuerdo del Consejo de Gobierno mantiene con carácter indefinido es la que establece que los altos cargos del Ejecutivo "solo tendrán derecho a percibir la indemnización por cese una única vez por legislatura". Estos exaltos cargos no pueden percibir de forma simultánea la indemnización y las retribuciones de su actividad pública o privada, por lo que si se diera esta incompatibilidad, y en el plazo de quince días, deberán optar entre la percepción de la compensación o su nuevo sueldo. El cese de 25 altos cargos del Gobierno al finalizar la legislatura 2011-2015 supuso un desembolso de 166.000 euros, según el Portal de Transparencia.