La economía de salón va por modas, y ahora toca poner el grito en el cielo por las deducciones, desgravaciones o exenciones fiscales y, cómo no, apuntando claramente al empresario como instigador de esa necesidad.

Las deducciones fiscales son un arma fundamental para apuntalar un sector, potenciar la oportunidad de invertir en actividades estratégicas o priorizar la contratación de personas de difícil inserción en el mercado laboral.

Si lo vemos desde la óptica de Canarias, eliminar las bonificaciones fiscales del REF sería condenarnos a un vaivén económico a merced del consumo de cada día, y por tanto imposibilitando cualquier equiparación a otras empresas radicadas en territorios donde no sufren nuestras consabidas limitaciones económicas, geográficas o sociales o a anticipar inversiones en época de crisis.

Pero no solo se trata de deducciones empresariales; existían deducciones por la compra de vivienda para hacer más asequible la compra de inmuebles, y muchas familias han podido comprar sus viviendas, o todos recordamos el clamor para bajar el IVA o el IGIC a la cultura o a los productos sensibles para la cesta de la compra, que sale de la menor recaudación al bajar los tipos en esos impuestos al consumo.

También podríamos eliminar la deducción para las herencias y así seguir arrimando toda actividad con una desmedida presión fiscal hacia la economía sumergida, de la que también nos quejamos sin asumir responsabilidades.

Ahora resulta que hay quien defiende que, eliminando las deducciones fiscales se eliminaría de un plumazo el déficit público, pues resulta más fácil quitar gasto productivo que hacer el trabajo por el que se han elegido a los políticos, y bajen a la arena de la gestión eficiente recortando gastos superfluos de una administración pública que engorda cada día que se aprueba una nueva ley y, en contraprestación, se autoexige mayor gasto administrativo para gestionar, controlar o fiscalizar.

Para esos que piensan que la economía lo aguanta todo, eliminen deducciones fiscales, destruyan más tejido empresarial y luego pongámonos a regalar un sueldo público a perpetuidad a todo parado que no pueda trabajar y se quede sin percepción.

Al fin y al cabo, los impuestos se recaudan solos y no se sostienen por las aportaciones de empresarios y trabajadores, y, también, si quitamos deducciones fiscales y aumentamos las rentas públicas a las familias sin generar más empleo no habrá déficit público.

Este debate exige sensatez y planificación. Y sobre todo mucha eficacia.