Hace dos años que tendría que haberse revisado el sistema de financiación que el primer Gobierno Rivero, con Soria de consejero de Hacienda, firmó con el Gobierno Zapatero. Fue un sistema que Canarias firmó con desgana, porque no resolvía la diferencia de financiación de Canarias con respecto a la media española, pero que -de alguna manera- fue suscrito por los tres grandes grupos políticos que han gobernado desde entonces en las islas. Coalición y el PP gobernaban bajo la presidencia de Paulino, y el PSOE gobernaba entonces en Madrid. Para paliar la creciente diferencia per cápita entre Canarias y el resto de las comunidades autónomas españolas, que había empezado tempranamente en 2002, con una diferencia de apenas un euro, hasta llegar en 2008 hasta 120 euros, Zapatero se sacó de la manga el "Plan Canarias". Lo hizo como una operación de imagen que incorporaba compensaciones extraordinarias, a desarrollar durante diez años, y a la que en las islas se cuantificaron inmediatamente y con evidente triunfalismo en nada menos que 25.000 millones de euros. Una cifra que hoy -después de ocho años de crisis- nos hace llorar de risa. Lo cierto es que sólo Nueva Canarias, que no participó de la negociación entre Canarias y Madrid, ha mantenido siempre una posición muy crítica con el sistema, que arrancó bien en el año 2001, para ir separando la financiación de la media nacional, y a partir de 2009, cuando entró en vigor el modelo negociado por Rivero, ya con la crisis instalada, entre nosotros, ha provocado diferencias que se han acercado algunos años a los 300 euros per cápita.

No se trata de que haya menos dinero para todos, que también eso ocurre. Es que ahora hay menos para Canarias que para las otras regiones, y la diferencia no ha dejado de crecer: es cierto que Canarias también aporta al conjunto nacional muy por debajo de la media española. Pero el sistema de financiación debe regirse -como ocurre con el resto de la gestión fiscal o con la renta, por ejemplo- por el principio de solidaridad de que las regiones que menos tienen y más necesitan sean compensadas. Ese criterio de solidaridad es uno de los tres que inspiran el sistema de financiación español, basado también en el principio de igualdad y asignación equitativa (que no se cumple con Canarias), y en el de suficiencia para atender los costes de los servicios públicos que Canarias presta a sus ciudadanos en representación del Estado. La financiación debe atender esos principios de forma igualitaria para todas las regiones. Y no lo está haciendo. En Canarias, además, tenemos el REF, que es un instrumento distinto a la financiación, que se usa para cubrir las dificultades que supone vivir en un territorio alejado y fragmentado donde todo cuesta más: la luz, el agua, el transporte, la comida... Pero no se debe confundir: el REF no forma parte del sistema de financiación general, es un régimen especial que entronca con concesiones realizadas por la Corona española a las islas desde poco después de la conquista, y cuyo objetivo era permitir su poblamiento y desarrollo. Sin esas concesiones, actualizadas y recogidas por los puertos francos más tarde, y por el REF ahora, Canarias no tendría ninguna posibilidad de prosperar.

Por eso hay que estar muy vigilantes: en Madrid -y no tan lejos- hay quien cree que el REF es un privilegio. Hay quien cree que la cuenta de la financiación estatal debe hacerse incluyendo en ella el REF. Y hacerlo sería catastrófico. Sería robarnos el REF. Y sin REF Canarias no puede vivir.