El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer remitir al Parlamento una comunicación sobre el sistema de financiación autonómica en la que se exige al Estado una modificación urgente del actual modelo, que supone, según sus cálculos, una pérdida para las Islas de más de 700 millones en algunos ejercicios. El Ejecutivo busca el apoyo unánime de la Cámara para defender con "una sola voz" esta reforma.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que desde 2009, primer año de aplicación del actual sistema, hasta 2013, último año liquidado, Canarias ha perdido en comparación con la media por habitante de las comunidades autónomas un total de 3.414 millones de euros.
Este déficit de financiación ha obligado al Ejecutivo autonómico, según Dávila, a dedicar recursos propios para costear unos servicios públicos que tendría que cubrir el sistema de financiación, restándolos de otras partidas también necesarias, como las destinadas a impulsar la inversión productiva o las políticas de dinamización económica.
Para la consejera, el actual modelo ha incrementado la desigualdad entre las comunidades autónomas, de manera que la distancia entre la región mejor financiada por número de habitantes, que es Cantabria, y la peor financiada, Canarias, es cada vez mayor. En 2009, Cantabria contaba con 680 euros por habitante más que Canarias, mientras que en 2013 la diferencia asciende a 928 euros, detalló.
Asimismo, indicó que para entender adecuadamente el perjuicio que esta brecha supone es necesario dar a conocer que el sistema de financiación es la principal fuente de ingresos de las autonomías.
En el caso de Canarias, los recursos del sistema representan más del 65% del presupuesto inicial de ingresos para 2016. "Estamos ante un reparto muy desigual, injusto y arbitrario de los recursos entre las autonomías que es necesario corregir cuanto antes", manifestó la consejera, que defendió que el nuevo sistema de financiación debe garantizar los recursos suficientes para atender de forma adecuada la prestación de los servicios públicos esenciales.
También incidió en que el Régimen Económico y Fiscal debe quedar al margen a la hora de calcular la financiación de los servicios públicos en el nuevo modelo. Su inclusión en el actual sistema de financiación -se tiene en cuenta a la hora de distribuir el fondo de competitividad- hace que las Islas dejen de percibir 500 millones de euros al año, denunció la consejera, para quien no se puede confundir la compensación de la lejanía e insularidad -a la que se destina el REF- con la financiación por parte del Estado de los servicios públicos esenciales, objetivo del sistema de financiación.
12.000 intervenciones quirúrgicas más al año
Si la financiación canaria estuviera en la media estatal, el PIB crecería un 1,5% en cada ejercicio y se crearían 14.000 empleos anuales en las Islas, y además, la sanidad contaría con 17,5 millones cada año, lo que permitiría incrementar en 12.500 el número de intervenciones quirúrgicas, según los cálculos del Gobierno de Canarias.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, advirtió ayer de que las singularidades canarias no pueden ser un lastre a la hora de repartir los recursos ni un elemento que perjudique al Archipiélago dentro del sistema". Dávila recordó que la exclusión del REF del sistema de financiación está dentro de la agenda canaria suscrita por CC y PSOE.
El objetivo del Gobierno es colocar a las Islas, como mínimo, en la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades. Además, el nuevo sistema deberá contar con un fondo para compensar a aquellas regiones con una peor situación en cuanto a desarrollo económico y condiciones sociales. El Ejecutivo propone que el nuevo sistema de financiación, además de tener en cuenta criterios de población, pueda incluir otros que tengan que ver con los niveles de desempleo, pobreza y dependencia.
Según se establece en la comunicación remitida al Parlamento, el nuevo sistema deberá respetar los principios de solidaridad, equidad y autonomía financiera de las comunidades autónomas consagrados en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, así como un refuerzo de las prestaciones del estado del bienestar con la incorporación de recursos adicionales por parte del Estado.
El Ejecutivo pretende que la comunicación concite el apoyo unánime de los grupos de la Cámara autonómica y de los agentes sociales para mejorar el actual modelo.