La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 1058/2015 por el que se regulan las pruebas generales de la evaluación final de Educación Primaria. El departamento que dirige Soledad Monzón envió en enero un requerimiento al Estado solicitando la derogación de la reválida; al no obtener respuesta ha decidido cumplir con su ultimátum.
La Administración educativa alega que no está en contra de que se realicen pruebas en los centros canarios, pero se niega a que estos exámenes sirvan para elaborar un ranquin de colegios. Educación sustenta su reclamación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en que el Ministerio no llevó a cabo una consulta previa entre las comunidades autónomas, un trámite que es preceptivo.
Prueba de que el Archipiélago no se resiste a esa cultura de la evaluación que promulga la Lomce es que la Ley Canaria de Educación también incluye la obligatoriedad de realizar una prueba al final de la Educación Primaria, es decir, en sexto. Eso sí, la metodología es totalmente distinta a la establecida en el real decreto. Además, a juicio de la Consejería, al omitir el trámite de consulta el Estado ha incurrido en causa determinante de nulidad radical o de pleno derecho.
Educación sostiene que aunque el Estado incluyó el proyecto de real decreto en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 21 de abril del pasado año, lo hizo sin haber permitido la participación previa de las comunidades en la redacción del anteproyecto.
Además de este recurso, el Gobierno autonómico ya había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad frente a varios apartados de la ley.
La aprobación de reformas educativas nunca está exenta de polémicas y el caso de la Lomce ha sido una excepción. El Gobierno central impulsó y aprobó esta ley a pesar de contar con la oposición del resto de partidos, sindicatos, asociaciones de padres y madres, y estudiantes. Educación, aunque presentará en breve el recurso, continúa con todos los trámites para organizar las pruebas en junio, ya que es consciente de las dificultades de que se resuelva antes de esa fecha.
las claves
Requerimiento fallido. La Consejería anunció a finales de enero la presentación de un requerimiento ante el Estado exigiendo la derogación del decreto. Un mes después no ha obtenido respuesta.
Sin consulta. Educación alega que el Ministerio no consultó a las comunidades autónomas y que el trámite es preceptivo.
La Consejería de Educación se opone a la finalidad de la reválida incluida en la Lomce, pero también a su desarrollo, que exige un despliegue difícil de asumir. Para intentar que su desarrollo sea asumible, el departamento que dirige Soledad Monzón ha dictado instrucciones específicas.
Instrucciones para realizar el examen
La Consejería de Educación ha publicado una resolución que determina cómo se realizará la evaluación de sexto de Primaria en las Islas -además de la de tercero de la misma etapa-. En ambos documentos se aclara que será el propio profesorado de los centros el que aplique, grabe y corrija las pruebas, pese a que el decreto que desarrolla la Lomce atribuía esta labor a docentes externos. Esta exigencia fue una de las que más incertidumbre causó entre los responsables educativos. Así lo reconoció hace unos meses en una entrevista a EL DÍA Teresa Acosta, directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Al final, el Gobierno autonómico ha sorteado esta exigencia decidiendo que sean los trabajadores de los centros -aunque no los que dan clase a los alumnos examinados, excepto en los colegios pequeños- los que se encarguen de esta tarea. La resolución prevé que los directores y directoras constituyan y presidan una comisión de evaluación interna, que estará formada por el jefe de estudios, el orientador y un profesor del nivel educativo evaluado.