El esfuerzo inútil, además de conducir a la melancolía, suele terminar llevándote a Canarias. Aquí somos muy dados a las luchas estériles e intestinas más que a los pactos y consensos globales. Nuestra historia, de alguna manera, puede leerse como una eterna división que en muchas ocasiones nos ha debilitado.

Desde hace ya algunos años, las islas han sido maltratadas en cuanto a financiación por los poderes centrales del Estado. Cuando la crisis entra por la puerta la solidaridad suele saltar por la ventana. Los recortes y ajustes del PP en una España endeudada hasta las cejas -no va por Zapatero- no discriminaron entre los más débiles y los más fuertes, ni en el terreno de los ciudadanos ni en el de los pueblos.

Así que el jarabe de palo de la Hacienda estatal se aplicó por igual a la España continental que a los territorios de ultramar, que casualmente somos nosotros. Canarias ha recibido cada año unos 700 millones de euros menos de la financiación autonómica de régimen común, lo que ha aumentado la brecha de pobreza entre el archipiélago y la media de las restantes comunidades del Estado. El Gobierno del PP no ha tenido empacho en computar en la financiación ordinaria fondos provenientes del REF, mezclando lo que son compensaciones históricas al hecho insular con las transferencias para atender servicios esenciales.

Al Gobierno canario no le queda otra que dar la batalla en el peor escenario. Con un Estado en plena crisis territorial, con comunidades que quieren aportar menos y recibir más, con una crisis institucional y un bloqueo político sin precedentes, las Islas Canarias tienen que convencer a los futuros responsables de administrar el país que la situación de esta tierra es esencialmente distinta a la de cualquier otra comunidad española y que no se puede perpetuar un maltrato presupuestario que está teniendo escandalosos resultados en cuanto a pobreza, paro y encarecimiento de la vida.

Hay partidos políticos de nuevo cuño que consideran que el Régimen Económico y Fiscal canario es una herramienta que sólo consolida privilegios empresariales. E identifican esas empresas con la oligarquía. En realidad, de las 128.000 empresas que sobreviven en las islas, más del 90% tienen menos de diez trabajadores. Pero además, el REF atañe al costo de la energía, al del transporte de viajeros y mercancías y a otros muchos factores que inciden en la vida de los dos millones de ciudadanos que habitan estas islas lejanas de sus mercados de referencia.

Ya es difícil defender lo peculiar en el ámbito de un Estado en plena crisis de solidaridad con sus territorios más desfavorecidos. Pero si encima no existe consenso en Canarias, peor me lo pintan. El Parlamento tendrá que cerrar filas en torno a una reivindicación que luego deben apoyar todos los sectores sociales y económicos de Canarias. Pero puede que no todos los partidos estén dispuestos a defender este REF ante Madrid. Como diría Antonio Morales, bueno será que los caracoles saquen los cuernitos al sol.