Si no hubiera aparecido nuestra asociación (nov. 2012), ya habría desaparecido este BIC, declarado Monumento, en un espacio de 30.000 metros cuadrados en el centro de la capital.

La desidia institucional y la connivencia entre Ayuntamiento y Gobierno de Canarias en un caso flagrante de "expolio de patrimonio" (tropelía tipificada como delito en el Código Penal, por abandono intencionado y destrucción consentida de un Bien de Interés Cultural) inducen la sospecha de una presunta operación especulativa de alto rango que empezó en 1980, cuando una hábil maniobra municipal expolió a las monjas de La Asunción de su patrimonio académico para construir el Hotel Escuela, 3.500 metros cuadrados dentro del parque (espacio protegido en zona verde) que le fueron graciosamente regalados a Hecansa, (Gobierno de Canarias). A la congregación se le pagó la décima parte del valor de tasación oficial por el resto del territorio y edificaciones.

No es juicio temerario, pues alguien debiera contradecir y explicar la vergonzosa actuación de las autoridades que, como medida más reseñable, intentaron la demolición del teatro Pérez Minik, quizá como un primer paso para derruir el total del conjunto histórico. Se evitó por la intervención de Fiscalía a partir de la denuncia interpuesta desde la asociación. Según el auto de archivo, si llegan a meter la pala excavadora, contraviniendo la Ley de Patrimonio Histórico y Bienes de Interés Cultural, hoy estaríamos hablando de las penas de prisión para los infractores, incluida la inefable consejera de Cultura de la anterior legislatura, doña Inés Rojas.

La crítica conservación actual del entorno neogótico lo es gracias a los cuidados y mantenimiento de los okupas, que acaban de sufrir la irrupción de tres individuos, enfermizamente agresivos, quienes en dos días han intentado destruir la convivencia de los moradores habituales, auténticos guardianes del parque. En actos vandálicos de violencia extrema agredieron y amenazaron de muerte a todo el que se moviera, mientras destrozaban a pedradas y con barras metálicas puertas y ventanas de sus precarios habitáculos.

La intervención de la Policía Nacional la noche del miércoles 24 de febrero, y a posteriori la policía local la mañana del jueves, ha determinado que los peligrosos sujetos decidieran abandonar voluntariamente el recinto, lo que permitirá rescatar el prestigio y la limitada normalidad vecinal de los actualmente diecinueve residentes.

Debemos felicitar a las fuerzas de seguridad por la eficacia con que respondieron a nuestro llamamiento; pero la inhibición de los responsables políticos de servicios sociales y seguridad ciudadana no debe sustentarse con el esfuerzo y riesgo asumido por plataformas como la que aquí suscribe.

A título de ejemplo: de los invasores del recinto ha quedado uno en condiciones absolutamente deplorables. Samuel, un anciano furibundo, enfermo mental, con gravísimas carencias de salud y varios antecedentes de violencia en centros de acogida y comedores sociales, se ha instalado a la fuerza en un lamentable y reducido habitáculo en el primer piso del edificio principal. Espacio inhabilitado para ser ocupado por riesgo de derrumbe; lleno de inmundicia, con un colchón mugriento donde duerme a base de pastillas y ¡¡¡con velas encendidas para alumbrarse!!! Armado con un bastón metálico ante cualquiera que intente explicarle que hay otras opciones de supervivencia por el alto riesgo de incendio que podría costarle la vida. No razona, sino que declara su intención y deseos de morir cuanto antes en semejantes condiciones.

Es evidente que las autoridades competentes deben resolver este caso de inmediato, con la eficacia suficiente y la urgencia que dicta el mínimo de sentimiento humanitario inherente al cargo asumido.

*Secretario de la Asociación Viera y Clavijo