La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias ha registrado 408 ocupaciones ilegales de viviendas de protección oficial (VPO) de la Comunidad Autónoma desde el año 2007, cuando comenzó la crisis económica.
Algunos inmuebles no estaban ocupados de manera permanente, pero en otros el vacío solo era temporal. En un escenario así, y ante la certeza de que estas apropiaciones indebidas están ocasionando numerosos problemas a sus legítimos propietarios, Podemos presentó hace unos meses una pregunta por escrito en el Parlamento de Canarias solicitando información sobre este fenómeno. Gracias a ese requerimiento se ha conocido la cifra de estos procedimientos, además de las denuncias que han efectuado algunos de los propietarios. Según la Consejería, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha recibido 67 denuncias por ocupaciones ilegales.
La diputada Noemí Santana (Podemos), autora de la pregunta, reclama medidas por parte del ICAVI para acabar con estas ocupaciones e insiste en que hay que tomar medidas eficaces para combatir esta ilegalidad. "Nos han llegado denuncias de casos concretos, pero desconocíamos hasta dónde llegaba esta realidad. Por eso solicitamos formalmente la información", explica.
En concreto, Santana relata el caso de una señora que al volver de vacaciones se encontró con su casa ocupada por una familia, y el de otra que abandonó temporalmente su vivienda cuando los médicos le recomendaron que su hijo, con esquizofrenia, no viviera en un piso tan alto, y en poco tiempo descubrió que había nuevos moradores. "Ambos casos los he puesto en conocimiento de la vicepresidenta y consejera, Patricia Hernández, pero no los ha solucionado", asegura Santana. Los datos demuestran, a su juicio, que hay muchas más personas sufriendo situaciones similares.
Este fenómeno no es exclusivo de Canarias. También en muchas otras comunidades se ha convertido en un problema para las administraciones locales y autonómicas, que se han visto incapaces de gestionarlo. Solo en Valencia, por ejemplo, la cifra de viviendas públicas en alquiler ocupadas de forma irregular ha alcanzado las 1.277 de las 24.000 que hay. Además, ciudades como Madrid y Barcelona han planteado la opción de "regularizar" las ocupaciones ilegales en pisos sin adjudicar.
Santana considera que el fenómeno tiene dos caras: la de que hay familias que siguen sin tener recursos para disponer de una vivienda y la de quienes se ven, repentinamente, sin la suya, a la que accedieron por su situación económica.
Santana: "Los desahucios siguen produciéndose"
Noemí Santana cree que en Canarias quedan muchos asuntos por resolver en materia de vivienda. A pesar de las informaciones de la Consejería de Vivienda, la diputada sostiene que los desahucios siguen produciéndose en el Archipiélago. "No se trata solo de desahucios en casos de alquiler, sino de ejecuciones hipotecarias camufladas a través de las inmobiliarias que han creado los bancos", protesta. "Valoramos la actitud inicial de la vicepresidenta, pero sus palabras no se han traducido en hechos".