Los exdirectivos de la Junta de Compensación de Las Teresitas se sentarán en el banquillo de los acusados en octubre. La Fiscalía Anticorrupción acusa al asesor jurídico, Mauricio Hayek; al expresidente, Jerónimo Delgado; al extesorero Clemente Martín y al exsecretario Álvaro Fernaud de los presuntos delitos de apropiación indebida y falsificación de documentos públicos y privados. Para todos ellos se piden penas de prisión que suman 23 años y ocho meses y la devolución de alrededor de 2,5 millones de euros, dentro de una de las piezas separadas del caso de Las Teresitas. En estos momentos, en la sección quinta se cuadran las fechas para que la vista sea en octubre, a falta de saber los días exactos.

Esta trama de presunta corrupción tiene como epicentro las irregularidades cometidas tras la venta por parte de la Junta de los terrenos de la playa a Inversiones Las Teresitas (ILT), en el año 1998, por 33 millones de euros.

Las penas solicitadas oscilan entre los ocho años para el asesor jurídico y la devolución de dos millones de euros, los cinco años y medio para Delgado y para el extesorero, y cuatro años y medio para Fernaud y multas de diez meses para todo ellos, excepto para el último, que sería de quince. Para los acusados, Anticorrupción exige la asunción de responsabilidad civil, que en el caso de Martín Rodríguez y Delgado suman 126.212,46 euros para cada uno.

El Ministerio Público considera que existen indicios sólidos que apuntan que se dejaron de abonar a los auténticos propietarios casi cinco millones de euros en cantidades que oscilan entre los 883.500 euros del Ministerio de Defensa, los 487.000 del Club Deportivo San Andrés o los 421.000 que no se le pagaron a particulares.

Todo ello implica que 62 de los 192 integrantes de la Junta se vieron supuestamente estafados tras esta venta. Pero, además, existe medio centenar de vecinos de Montaña Morera cuyas viviendas han desaparecido del Registro de la Propiedad mientras que el suelo aparece a nombre de ILT.

La Fiscalía sostiene que Hayek, aprovechando su condición de asesor jurídico de la Junta y prevaleciéndose de su cargo, "con un evidente ánimo de obtener un ilícito beneficio económico y en clara connivencia con los demás acusados, consiguió que el secretario emitiera un certificado en el que hacía constar unos porcentajes de participación en la venta muy superiores a los reales".

Todo ello, según el Ministerio Público, con el fin de justificar el cobro de las cantidades indebidas que el abogado había recibido ya de la Junta, lo que posibilitó que hiciera suyos esos casi dos millones de euros. Así, se recoge que el 13 de julio de 1998, Hayek percibió 2,3 millones en calidad de propietario que se correspondía al 7,3% de las parcelas vendidas, cuando en realidad solo le correspondía el 4,5%. Esta participación se dividía entre acciones de Playa de Las Teresitas SA -una entidad creada a imagen y semejanza de la Junta-, las compradas a otros propietarios y en la sociedad Marterre SA. Por ello, se calcula que el letrado obtuvo "un ilícito beneficio" de 851.000 euros. En el año 2008 el Juzgado procedió a la retención de cerca de seis millones que estaban en su poder.

Igualmente, se mantiene que el abogado convenció al resto de los directivos de la Junta para que se le permitiera ingresar en su propia cuenta un cheque por valor de 851.000 euros. Con este dinero se quería garantizar el cumplimiento de la sentencia que pudiese recaer sobre la reclamación del Ministerio de Defensa por la propiedad de la conocida como batería militar de San Andrés.

Muy al contrario, con ese dinero, Hayek creó un fondo de inversión "y por lo tanto se apoderó de esa cantidad. Con ello no solo se privó a la Junta del importe que indebidamente percibió, sino que se privó a los integrantes de la misma de los intereses que se generaran a su favor".