¡Qué suerte vivir aquí! Hace ya años que la campaña de una marca de birras nos colocó en el mismo centro del deseo: era una suerte vivir en este paralelo. Pura publicidad: en realidad, al margen de lo que cada cual sienta por estos pedazos de tierra rodeada de agua en los que pasamos nuestra vida, no es precisamente una suerte vivir en Canarias, según con qué se lo compare. Vivir en Canarias es mejor que vivir en el Zaire, mejor que vivir en Guatemala y, desde luego, infinitamente mejor que sobrevivir en Idomeni hasta que venga un funcionario europeo y te mande a otro campo en Turquía. Pero vivir en Canarias no es necesariamente mejor que vivir en Madrid, en Álava o en Cantabria. Hace menos frío, eso sí. Pero el resto de los asuntos no van tan bien. Canarias registra récords recurrentes en las peores listas: somos la segunda región o la tercera (depende del mes) con más paro, la que cuenta con mayor desigualdad y pobreza, la región en la que más avanza la desigualdad. Porcentualmente, también estamos desde siempre entre las regiones con más fracaso escolar, más drogadicción, más embarazos en menores, más abortos, más divorcios, más personas que se van, más enfermedades relacionadas con una mala alimentación...

Todas esas realidades son fruto de una tradición de subdesarrollo y abandono, disimulada entre otras cosas porque la idea de que vivir en Canarias es una suerte forma parte del ideario colectivo de millones de españoles -entre ellos los políticos y funcionarios públicos que deciden sobre el reparto de los recursos nacionales-, a los que se bombardea publicitariamente con la mejor cara de nuestra realidad, que es la de nuestra pujanza turística, el "paraíso canario", nuestras playas y nuestro clima. Una pésima financiación de los servicios públicos esenciales ha agravado la situación de las Islas, sobre todo en los últimos años de crisis, como también ha supuesto menos dinero para invertir la reducción de las compensaciones del REF. Hay que evitar que esa situación continúe y que sigamos siendo los más perjudicados en el reparto de la financiación. Pero también conviene recordar que no todo es culpa de Madrid.

Durante los últimos casi treinta años, tras el gigantesco esfuerzo realizado por el primer Gobierno Saavedra (1983-1987) en infraestructuras educativas, la acción política en esta región se ha centrado en lograr mayores y mejores exenciones para las empresas y más dinero estatal para infraestructuras, sin que nadie haya considerado necesario dar cuenta de si esas exenciones y esa financiación servían para mejorar la vida de los canarios en la misma medida que aumentaron el beneficio de las grandes empresas. Ahora se nos ha olvidado a todos, pero hace muy pocos años, esta era una región de Jauja en la que el beneficio no pagaba impuestos y las Administraciones gastaban a espuertas lo que tenían y lo que no tenían, sin que eso sirviera para reducir el desempleo estructural y para acotar la pobreza. Treinta años de inversiones multimillonarias con fondos europeos mejoraron el aspecto exterior de las Islas, con mejores carreteras, infraestructuras, polideportivos y centros culturales. Pero en sus tripas, aquí ni mejoraron las prestaciones sanitarias, ni la atención a los ancianos, ni la calidad de la educación, ni la lucha contra la drogadicción y la exclusión. Aquí se eligió un modelo que nos ponía más guapos por fuera, pero por dentro, nuestra sociedad seguía podrida por el desempleo, la pobreza, la marginación y otros endemismos del subdesarrollo.

Nadie discute -ni antes ni ahora- que se apoye a las empresas para que puedan aumentar su solvencia y su capitalización, y se las ayude a recuperar el empleo, pero el problema surge cuando la estrategia económica de una administración se vincula durante tantos años a la defensa de los intereses de quince o veinte grandes grupos económicos, olvidando que las finanzas que deben preocupar a los gobernantes son las de los ciudadanos y las de las familias, la realidad miserable de la pobreza que no ha dejado de crecer en millares de casas, el desamparo de miles de ancianos, y esos salarios raquíticos que durante los tiempos de las vacas gordas crecieron muy por debajo de lo que aumentaron los resultados y las reservas empresariales.

Ahora, desde el Gobierno y el Parlamento, se nos recuerda que hay que bregar todos en la misma dirección, para que el resto de España mantenga el compromiso de su solidaridad con Canarias y nos trate en función de nuestras necesidades, y no de lo que aportamos a la caja de todos. Y tiene razón el Gobierno, porque es de justicia que los que están mejor ayuden a los que están peor. Pero si esta pelea sale, si los dineros de la financiación y del REF comienzan a llegar como deben, si conseguimos cambiar la imagen de paraíso tropical con la que nos vendemos por ahí arriba, alguien tendrá que dar cuenta, esta vez, de que el dinero que nos llega, fruto de la solidaridad del resto de los españoles, va a ir donde debe ir, que se invierte en lo que hay que gastarlo y no se usa para aumentar los beneficios de los de siempre, como ha ocurrido en tantas ocasiones en el pasado. Porque para que los más ricos de Canarias sigan haciendo crecer su fortuna, yo no estoy en absoluto dispuesto a empeñarme.