Uno de los más sugestivos mensajes que transmite la Ley de Dependencia es aquel que, con exquisita claridad, afirma que "otorga el derecho subjetivo a acceder a una red de servicios que garantiza los cuidados y atenciones necesarias a las personas que no pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria, según su grado y nivel de dependencia, o, de no ser posible la atención mediante servicios, el derecho a recibir una prestación económica". Claro que, si atendemos a las advertencias del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, la mitad de las casi dos mil quejas registradas en esa institución se refieren a esta Ley de Dependencia. Valga como ejemplo el de un ciudadano de 91 años, con expediente de dependencia en 2009, fue certificado como gran dependiente en 2010 y aún no dispone de ninguna ayuda que mitigue su angustiosa situación. También lamentó el señor Saavedra que la Fiscalía no actúe en casos de obstrucción de la información, como ha sucedido en asuntos del Puerto de la Cruz, Fuerteventura o en la gestión del agua en Lanzarote.

Canarias se mantiene en el número uno de comunidades autónomas que peor gestiona la citada ley. De los dos millones de personas que viven en esta Islas, 13.727 se benefician de estas asistencias. La penosa realidad es que tendrían que incorporarse 21.890 beneficiarios para estar al día en las medias españolas. La pregunta viene envuelta en un problema que nadie, hasta ahora, ha querido remediar: ¿qué ocurre con esos 22.000 ciudadanos que no reciben ninguna atención ni prestación económica? Lo que escribimos a continuación duele pero es lo que hay: son más las personas que fallecen esperando ser favorecidas que las que la reciben. Más de 9.000 han muerto desde que se inició la ley, la mayoría de ellas con más de 80 años. Y parte de las culpas no hay que esconderlas. En los últimos cuatro años, el Partido Popular ha recortado a Canarias casi 12 millones de euros en esta área. El archipiélago canario ha dejado de recibir 7 millones de la parte acordada y más de 3 del nivel mínimo, por lo que se alcanza un total de 45 millones lo que las Islas no han recibido del Estado.

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales, Patricia Hernández, con su feliz y primer alumbramiento, ha sido la causa de la primera crisis del pacto, no únicamente con los neonacionalistas sino con las demás organizaciones del arco parlamentario canario. Y es que la maternidad de la señora Hernández está dando que hablar, además, entre aquellos ciudadanos que no comprenden la dependencia mutua creada. Y las críticas, provenientes desde distintos ámbitos, surgen por la utilización de la residencia presidencial del edificio oficial en Santa Cruz de Tenerife. Otro tema es ahondar en quiénes las fomentan. La vicepresidenta se acogió, debido al enorme trabajo que tenía por delante, solo a un mes de baja, lo que provocó la irritación de las activistas que llevan años para conseguir dieciséis semanas de baja por maternidad. Como la responsabilidad de la señora Hernández con el pacto es ingente, decidió trasladar su domicilio desde el barrio de la Salud a la vivienda presidencial, con lo cual podría dedicar más tiempo a los problemas que la abruman, aunque, cierto es, no tiene posibilidad de hacer un cambio notorio sin el apoyo de dineros estatales. La mutua dependencia la relacionan con argumentos que tienen mucho que ver con el ahorro crematístico que representa disponer de servicio doméstico, mantenimiento, limpieza, luz, agua, transporte oficial, etc. El debate no se habría producido si se tratara de una vicepresidenta "popular", ya que los miembros del PP, como es bien conocido, están muy inclinados a este estilo de vida.

Y he aquí que, por mor de esa voluntaria cercanía a la gestión, se percata de lo mal que se aplica la Ley de Dependencia y declara que la lista de espera es "brutal", un calificativo que muy bien pudo haber sido sustituido por "inhumana", lo que tal vez, y por suerte para los interesados olvidados por anteriores gestores, sea la causa de haber influido en tomar la decisión de crear 823 nuevas plazas para dependencia en colaboración con los cabildos, acercándose así a Carlos Alonso, quien, con toda la razón, anda cabreado con ella a raíz de lo del hospital del sur. Patricia Hernández soslaya que el Cabildo tinerfeño ha sido y es el ejecutor de una parte importantísima de la sanidad en Tenerife. No es momento para echarse flores, aunque por el horizonte otee la silueta del obrero López.